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Educación saca adelante la ley que refuerza la autoridad docente

Galicia se convierte en la primera comunidad que regula cómo actuar ante el acoso escolar

    El Partido Popular sacó adelante ayer en el Parlamente la Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa que, según la Consellería de Educación, servirá para reforzar la autoridad de los docentes, atenuar la conflictividad en las aulas y, además, impulsar la participación de los padres en la dinámica escolar. La ley sale del Hórreo igual que entró: sin consenso con la comunidad educativa -que la rechazó en el consello escolar- y , a pesar del buen número de enmiendas aprobadas, sin el apoyo de los grupos de la oposición, que la ven como el arma de Feijóo para dar cobertura a su propuesta de consultar con los padres sobre el idioma de las clases de sus hijos.

    Tras cuestionar el Consello Consultivo la posibilidad de que las familias eligiesen a través de una encuesta el idioma de las distintas materias -reparto éste predeterminado ya en el decreto del plurilingüismo- la Lei de Convivencia incluye ahora consultas a las familias para "facer efectiva a corresponsabilidade" y "garantir a colaboración efectiva" de estos en la educación. En palabras de la oposición la ley aprobada resulta de hecho un "pastiche incoherente" y una "farsa" para intentar "colar pola porta de atrás as falsas enquisas do galego". Es, dijeron socialistas y nacionalistas, un "capricho" de Feijóo para avanzar en su "carreira cara Madrid".

    Para el popular Román Rodríguez, la norma, sin embargo, "dá seguridade xurídica" y fomenta la "participación directa, tremendamente democrática". "Vostedes -le reprochó a la oposición- non queren que as familias opinen libremente". Y consideró "absurdo" que se argumente que el texto va en contra de la lengua gallega.

    Según el PP, la mayor autonomía de los centros es otro de los pilares de la ley. Pero para la oposición deja demasiadas cuestiones al "arbitrio" de los centros -como las normas sobre vestuario o los objetos que podrán ser requisados por los profesores-, lo que podría derivar en discriminación. En esta línea, tanto Guillerme Meijón (PSdeG) como Carme Adán (BNG) aludieron a la polémica de la niña de Arteixo, en la que "a consellería agachou a cabeza" y, como Poncio Pilatos, "lavouse as mans" para ser cómplice de la que la menor no pudiese entrar en el centro el último día de clase, informó AGN.

    Con la Lei de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa, Galicia se convierte en la primera comunidad autónoma que regula el acoso escolar en las aulas y convierte al profesorado en la "autoridad pública" que dirimirá en los conflictos que surjan entre el alumnado. "A lei non prestixiará o labor docente nin mellorará a convivencia nas aulas", alertó sobre este punto la nacionalista Carme Adán, quien mostró su deseo de que, al menos, el efecto de la ley sea "inocuo" y "quede só en propaganda, sen afondar máis na persecución desta consellería ao ensino público". Para Adán, el texto es una muestra más de la "era Feijóo: máxima ideoloxía, mínima eficacia".

    Durante la tramitación parlamentaria de la ley fueron incorporadas 54 enmiendas, entre ellas una del grupo popular para fomentar "a excelencia educativa" a través de contratos-programa, de cuya eficiencia desconfían PSdeG y BNG, que alertan de que la Xunta puede usarlos para "segregar" o para "primar á concertada.

    LA LEY A DEBATE

    El profesor se convierte en autoridad pública. Los docentes gallegos serán autoridad pública y, como tal, dispondrán de pro­tección jurídica y de la presunción de veracidad cuando haya que confrontar testimonios. La norma habilita también al profesor para poder requisar objetos, productos o sustancias peligrosas o prohibidas. La consideración del docente como autoridad pública es una aspiración histórica del sindicato ANPE.

    Prevención del acoso escolar en las aulas. Galicia se convierte en la primera ley que regula cómo atajar el acoso escolar. El texto define acoso escolar como cualquier forma de vejación o malos tratos constinuados en el tiempo de un alumno por otro y otros compañeros, ya sea de carácter verbal, físico o psicológico, incluido el vacío legal. Las conductas de este tipo realizadas a través de las nuevas tecnologías también serán acoso. El PP recordó ayer que hay 700 denuncias de acoso escolar cada año.

     

    Las consultas a los padres. Es el punto más polémico de la norma y, según oposición y sindicatos, su verdadero objetivo. Consellería y PP defienden que el texto da a las familias una mayor participación en el proceso educativo, pero la oposición entiende que ya hay canales de participación y que únicamente se pretende a través de la ley dar cobertura legal a promesa electoral de Feijóo de consultar a los padres sobre el gallego. Ayer, en el Parlamento, la oposición nacionalista se preguntó por qué no fueron consultados los padres sobre la supresión de la gratuidad universal de los libros de texto o la modificación del horario lectivo de los docentes. El PP cree que la oposición tiene "fobia" a la participación de los padres.

     

    Autonomía para regular la vestimenta en los colegios públicos. La norma aprobada ayer permite a los consellos escolares de cada centro regular sobre la vestimenta de los alumnos, lo que abre la puerta incluso a que el uniforme se imponga en algunos centros públicos. La posiblidad no agrada de antemano a los padres de la Confapa que ya han dicho que pedirán subvenciones para uniformes si algún centro optar por imponerlo.

    29 jun 2011 / 04:44
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