Se enquista la negociación en la justicia y sigue la huelga

Los negociadores de la Xunta y los sindicatos que representan a los trabajadores del sector judicial gallego, en huelga desde el pasado 7 de febrero, estuvieron negociando este lunes pero no consiguieron desbloquear el paro indefinido que ha bloqueado los juzgados.Fuentes presentes en la reunión consultadas por Europa Press aseguran que la negociación está "enquistada".

En una jornada en la que hubo dos recesos y en la que representantes de las dos partes abandonaron puntualmente la reunión para hacerse con bocadillos en la cafetería de la EGAP y poder continuar en la sala reservada para el encuentro, representantes de los sindicatos también se han quejado de la actitud del Gobierno gallego.

Las críticas se han dirigido, sobre todo, al director xeral de Función Pública, José María Barreiro, quien encabeza la delegación de la Xunta junto con su homólogo de Xustiza, Juan José Martín.

Otro cargo de Función Pública fue objeto, en una de sus salidas, de las críticas de una de las trabajadoras que esperaba fuera de la sala, quien le espetó que los representantes de la Xunta tienen "mucho rostro".

Y es que, según han difundido en redes sociales los sindicatos, se han sentido "insultados" por los representantes de la Administración que, entre otras cuestiones, afirman, les han llamado "privilegiados", además de afirmar que estaban "ahorrando dinero" con la huelga y de instarlos, sino están "contentos", a concursar "fuera de Galicia".

Por la mañana, delante de la EGAP se concentraron decenas de trabajadores en solidaridad con sus compañeros que defienden al colectivo en la negociación.

NUEVA OFERTA DE LA XUNTA

La Xunta ha detallado los puntos que conforman la nueva oferta que sus negociadores han presentado a los miembros del comité de huelga de justicia este lunes, unas medidas que, según defiende en un comunicado, permitirán "la mejora del servicio con la vista puesta en el ciudadano y una consolidación de los puestos de trabajo".

Así, la propuesta ratifica que se convertirán en fijos 36 puestos de refuerzo. Esas plazas, de llegar a acuerdo con los sindicatos --una posibilidad que parece lejana más de ocho horas después del arranque del encuentro--, podrían ser ofertadas en el siguiente concurso que se convoque, lo que permitirá trasladarse a Galicia a funcionarios gallegos que están fuera de la comunidad.

El coste de esta medida supera, según la Xunta, el millón de euros. En el foco están 6 nuevas plazas de gestión, 24 de tramitación y 6 de auxilio judicial, de las cuales 16 serían en la provincia de A Coruña, 5 en Lugo, 5 en Ourense y 10 en Pontevedra.

En lo que respeta a la creación de plazas, la propuesta es que aquellas plazas incluidas en el Plan de Reordenación que no fueran objeto de creación en otro órgano o servicio serán creadas "negociadamente" donde sea necesario, particularmente en servicios comunes que centralicen y mejoren los servicios prestados al ciudadano, en el marco de la nueva oficina judicial.

El Gobierno gallego ha recordado, en todo caso, que ya fueron creadas, entre otras, 5 plazas en los juzgados de Lalín, Viveiro y Sarria, así como 26 plazas en las Fiscalías o las 31 plazas de los nuevos juzgados que entraron en funcionamiento el pasado 31 de enero de 2018.

SUSTITUCIONES E INCAPACIDADES TEMPORALES
En lo que respecta a las sustituciones, el Gobierno gallego compromete la modificación de la norma de manera inmediata para incluir la percepción de una cantidad adicional, de modo que el personal de un cuerpo funcionarial inferior que haga relevos en un puesto superior perciba "la misma remuneración".

Añade la administración que tendrá efectos económicos "desde el primer día del mes en el que se firme el acuerdo".

En cuanto a las incapacidades temporales, la modificación del régimen legal aplicado al personal de Justicia, que es -remarca la Xunta-- "el mismo que el del resto de empleados públicos que cobran una nómina de la Xunta", se supedita a la modificación de la normativa del Estado, que se está negociando a nivel nacional. Si se llega a acuerdo en esas negociaciones, asegura el Ejecutivo gallego, se aplicará en Galicia.

LA OFERTA ECONÓMICA, SIN CAMBIOS
Por último, la oferta económica se mantiene en la subida ofertada en la reunión del pasado 12 de febrero. Así, la Xunta ofrece un incremento adicional en el complemento autonómico transitorio (CAT) de entre 816 y 1.080 euros anuales según la categoría, lo que situaría a Galicia "por encima del promedio del conjunto de las comunidades".

Estas subidas se materializarían en los años 2019 y 2020. Además, el gobierno gallego destaca que el incremento salarial para los trabajadores judiciales "será aún mayor", ya que "percibirán también los aumentos que se aplicarán a todos los empleados públicos, que según el Gobierno central, serán de hasta el 8% en los próximos tres años".

La Administración autonómica recuerda que ofreció también "mejoras adicionales" en materia de violencia machista: la creación de 7 plazas de psicólogo para los servicios de atención a las víctimas existentes en las siete ciudades gallegas y fijar un complemento por el que los trabajadores de los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer, en Coruña y Vigo, cobrarán "hasta 100 euros más al mes".

Además, habrá refuerzo de personal en los juzgados de violencia sobre la mujer en los que, por su carga de trabajo o bien porque su cuadro actual de personal se considere infradotado, como es el caso de los juzgados con competencia en esta materia de los partidos judiciales de Carballo, Viveiro o Ponteareas.

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA
Por otra parte, la Xunta rebaja el seguimiento de la huelga al 39,26%: un total de 1.060 personas de 2.700 trabajadores. Los servicios mínimos se están cumpliendo en su totalidad.

Por provincias, el seguimiento de la huelga en la Coruña fue del 37,64%; en Lugo, del 34,51%; en Ourense, del 39,42%, y en Pontevedra, del 46,94%.

En el cálculo, la Administración tiene en cuenta que 146 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justificada (vacaciones, asuntos particulares, o días de libranza) y 775 cumplieron servicios mínimos.