España quiere ser referente frente al calentamiento global

España se acaba de convertir en uno de los países pioneros al aprobar ayer una declaración de emergencia climática, con el compromiso de tomar acciones urgentes desde los primeros cien días de mandato del nuevo Ejecutivo de coalición, para hacer frente a este grave problema global.

Se trata de una medida cargada de simbolismo después de que el presidente, Pedro Sánchez, se comprometiera en su reciente discurso de investidura a situar la transición ecológica en primera línea del nuevo Ejecutivo.

De los pocos Gobiernos en el mundo que han implementado hasta el momento declaraciones de este tipo han sido Irlanda, Canadá y Francia, informa Efe.

En noviembre de 2019, el Parlamento Europeo (PE) aprobó una resolución sobre la emergencia climática convirtiendo así a Europa en el primer continente con una declaración por el clima.

Ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se comprometió para los primeros cien días de mandato con acciones urgentes, como la remisión al Parlamento de la Ley de Cambio Climático y la definición de la senda de descarbonización para la neutralidad climática en 2050.

Anunció la creación de una Asamblea Ciudadana del cambio climático, que incluirá la participación de los jóvenes y cuya composición contará con igual de mujeres que de hombres.

Destacó su compromiso firme con esta inciativa por "tres razones": por justicia climática, por el futuro del país que requiere un proyecto ambiental transversal para una transformación inclusiva y por responsabilidad frente al desafío del cambio climático.

El Ejecutivo se compromete a adoptar treinta líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros cien días, para combatir el cambio climático y generar confianza, así como sumar esfuerzos y "no dejar a nadie atrás, para abordar las dificultades de los más vulnerables".

La declaración introduce líneas transversales para convertir la descarbonización en una oportunidad para la generación de empleo y la reducción de brechas territoriales, puesto que uno de los objetivos se centra en "contar con una economía preparada", según la ministra.

Se trata de un trabajo "serio, no partimos de cero", aunque hay que "sumar esfuerzos de todos para llegar a ser más ambiciosos", aseguró Teresa Ribera, quien recordó que la ciencia y los jóvenes "nos reclaman" actuar con "urgencia ante una demanda social que es palpable".

figuras fiscales disuasorias. Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, destacó los trabajos llevados a cabo con el Ministerio para la Transición Ecológica "durante meses" para acometer figuras fiscales "sin afán recaudatorio, pero disuasorias de comportamientos perjudiciales para el medio ambiente".

Defendió la portavoz incentivos fiscales para que el sistema pueda acoger e impulsar la transformación y alcanzar en 2050 la neutralidad de carbono.

El objetivo de la declaración es lograr un futuro común, más justo y equitativo, que aproveche las oportunidades de la transición ecológica mediante políticas trasversales, que pongan al ciudadano en el centro, y no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para actividades de fracking.

A juicio de Ribera, se trata del marco regulatorio fundamental para el medio ambiente, "una hoja de ruta" que inspirará el resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración en este ámbito.

El Gobierno se compromete asimismo con un sistema eléctrico 100 % renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales neutro en emisiones y un sistema agrario no contaminante, así como a presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

Se aprobará además un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y se pondrá en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

El acuerdo insta a estrechar sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de oportunidades para la transición energética, contribuyendo a generar nuevo empleo verde.

El Ejecutivo elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre las diferentes administraciones públicas.

En la declaración se insta a adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un único uso para alcanzar la meta de "residuo cero" en el horizonte de 2050.

Además, se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente, y se anuncia el objetivo de alcanzar el 30 por ciento de superficie marina protegida en 2030.

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, mostró ayer el apoyo de su formación a la declaración de emergencia porque el movimiento en la lucha contra el cambio climático "se demuestra andando", pero consideró una "broma" que quien lo apruebe sea el presidente, Pedro Sánchez, que es "el español que más contamina" en el país porque, ironizó, "es Falcon para ir a la boda de unos amigos, es Falcon para acudir a un concierto en Valencia y es Falcon para todo".