Fernández de Sousa se aferra a que no hubo estafa para pedir la nulidad
Su abogado sostiene que los bancos no sufrieron pérdida alguna // Se basa en que no están personados en la causa por la quiebra del gigante Pescanova
La defensa del expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa pidió la nulidad del juicio por la quiebra de la empresa al entender que no hubo estafa -uno de los ocho delitos que se le imputan- puesto que los bancos no sufrieron perjuicio alguno y no figuran personados como acusación. En la primera sesión contra 20 acusados, las partes comenzaron a exponer las cuestiones previas, que para la Fiscalía y el resto de acusaciones se limitan a erratas en algunos documentos aportados.
El abogado del máximo dirigente de la pesquera, al que la Fiscalía atribuye ocho delitos -falseamiento de cuentas, falseamiento de información económica y financiera, falsedad en documento mercantil, estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes y, alternativamente, blanqueo, uso de información relevante, e impedimento de actuación del organismo supervisor- y para el que pide 28 años de cárcel, fue el primero en pedir la nulidad.
Entre otros argumentos, el letrado señaló que la acusación de insolvencia punible es sorpresiva y vulnera el derecho a la tutela judicial, y además no ha habido dolo. Por lo que respecta a la estafa, "no ha habido estafa a las entidades bancarias ni créditos sin devolver", y es que los bancos "supuestamente perjudicados", que no se han personado como acusación, no sólo no han sido perjudicados sino que han tenido beneficio, y el lucro es superior a lo que han dejado de cobrar a partir del concurso.
Casi siete años después de la quiebra de la sociedad se sientan en el banquillo sus máximos responsables entre 2009 y 2013, acusados de poner en marcha un entramado dirigido a ocultar la millonaria deuda del grupo y engañar así a inversores, acreedores y organismos reguladores. La firma acudió en 2013 al preconcurso de acreedores y la CNMV decidió suspender las acciones de cotización. La reestructuración de la compañía se cerró en 2015 con su escisión en dos partes: la productiva quedó bajo control de la banca acreedora, agrupada hoy en Nueva Pescanova, que, según el letrado, debería estar "si no como responsable penal, sí como civil", mientras la "vieja" continúa como una sociedad de cartera en manos de los minoritarios.
El fiscal anticorrupción Juan Pavía rechazó de plano la petición de la defensa de Manuel Fernández de Sousa de suspender el juicio e imputar a los bancos que concedieron créditos a la compañía a partir de 2010 para sanear sus cuentas, ya que considera que ésta les "engañó" sobre su situación financiera real. Para el fiscal decir que la banca resultó beneficiaria de los hechos por los que Pescanova está investigada y que ha de reembolsar la cantidad correspondiente a los intereses cobrados es "desconocer" que la compañía está acusada de delito de estafa por haber engañado a las entidades financieras. Pavía también rechazó el argumento de la no personación de los bancos afectados