Fiscalía General del Estado
MUY sincero, explícito y responsable me pareció el discurso pronunciado por María José Segarra Crespo en el solemne acto de apertura del año judicial. La flamante fiscal general del Estado supo enlazar el aniversario constitucional que supuso el 2018 con un curso 2019-2020 lleno de incertidumbre y desafíos que debemos seguir fiscalizando desde el máximo respeto a nuestra ejemplar Carta Magna.
Y aunque los datos estadísticos, especialmente en el terreno de la norma y el cumplimiento de la legalidad siempre resultan fríos y distantes, la representante por excelencia del Ministerio Fiscal supo humanizar unas acciones e iniciativas legales que, a lo largo de todo un curso judicial, apenas logran mostrar hasta qué punto y de qué modo dependemos todos del buen hacer de aquellos que, con libertad, autonomía e independencia, velan por nuestros intereses desde la observancia de la Ley y la promoción del "régimen de derechos fundamentales y libertades públicas consagrado en la Constitución".
Sé que todo lo concerniente al ámbito jurídico resulta lejano y poco atractivo. Eso sí, sólo hasta que, por una razón u otra (habitualmente indeseada) nos toca interpretarlo. Pero créanme que, cuando quienes nos mantenemos en actitud vigilante frente a las posibles injusticias que se cometen a nuestro alrededor, certificamos la acción férrea de las oficinas fiscales, nos sentimos tan amparados jurídicamente y a nivel burocrático y administrativo por la Fiscalía, como protegidos legalmente por las diligencias y acciones llevadas a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
No le tembló ni el pulso ni la voz a María José Segarra Crespo. Paso a paso, y a lo largo de una disertación de apenas quince folios, supo resumir, de manera tan locuaz como eficiente, los desafíos y los retos a los que se enfrenta hoy día la Administración de Justicia y, por extensión, todos nosotros.
Corrupción, criminalidad organizada, terrorismo, trata de seres humanos, ciberdelincuencia, amenazas secesionistas, delitos sexuales, violencia de género, y hasta conductas derivadas del odio y el desprecio al diferente, constituyen apenas la parte visible de un iceberg con el que la Fiscalía General brega a diario aplicando la Ley de manera "serena, firme y rigurosa" bajo los más amplios "estándares de transparencia, accesibilidad y garantías para las partes".
Ojalá nuestros poderes ejecutivo y legislativo sepan estar a la altura y provisionen a la Fiscalía de las herramientas legales, técnicas y administrativas necesarias para que, desde el Estado social y democrático de Derecho que nos define, y haciendo uso de todas sus prerrogativas, sea capaz de seguir protegiendo nuestros derechos, nuestros deberes, y la admirada democracia que a todos nos ennoblece y hace libres e iguales.
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