El gobierno Regos lleva a los juzgados al BNG

La batalla judicial quedaba servida la pasada semana en Ordes tras el anuncio del ejecutivo que dirige el independiente Manuel Regos (en coalición con el PSOE) de una posible denuncia a los ediles del BNG, en la oposición, Gonzalo Castro y Ramiro Recouso, por las declaraciones de estos últimos en las que afirmaban que el gobierno local esconde intereses particulares tras la paralización del PXOM, como la autorización a empresas para construir en zonas que el Plan Xeral no permitiría urbanizar.

Ayer se confirmaba el inicio de los trámites judiciales que sustituyen a la dialéctica política con la firma, por parte de los nueve ediles del gobierno Regos, de un poder notarial para nombrar abogado y procurador para dar el primer paso en la vía judicial, la presentación de una propuesta de conciliación ante juez, con el fin de que Castro y Recouso rectifiquen sus acusaciones, "o en su defecto que las demuestren si es que tienen pruebas con las que hacerlo", explicaron.

Según los demandantes, "no queremos judicializar la vida política, pero en este caso no se trata de una crítica política, sino de una acusación de corrupción". "Que expliquen si es que nos van a dar un piso a cada uno en la obra que pueda hacerse en el paseo de Iván Raña".

Dicha calle, junto a la orilla del río Mercurín, fue escenario de la polémica inicial entre gobierno y BNG después de que se talasen una treintena de árboles autóctonos junto al cauce.