El Gran Juicio
SE inicia el Gran Juicio, el juicio que contamina la vida política y social española desde hace dos años. Un juicio determinante para el futuro de España. Nadie cuestiona que Cataluña no logrará desgajarse y convertirse en independiente; incluso si un Gobierno, como el de Sánchez, mantiene una actitud dubitativa y, al menos aparentemente, entreguista. La democracia cuenta con los resortes necesarios para plantar cara a un presidente irresponsable que no respetara la Constitución.
Pero para el bien de todos sería conveniente que este Gobierno no cediera al chantaje independentista, que se juega en dos campos: en uno se chantajea al Ejecutivo con los Presupuestos si no acepta un referéndum de autodeterminación; en otro se chantajea al Gobierno con los Presupuestos si no tiene algún gesto con los presos. Gesto que solo puede ser uno: prometer que en caso de que sean condenados el Gobierno procederá a indultarlos.
La situación es endemoniada para todo el mundo. Para Sánchez, porque sin Presupuestos puede quedar abocado a la convocatoria anticipada de elecciones. Está atrapado por sus palabras -aunque la palabra del presidente está muy devaluada-, pero sobre todo porque sin el apoyo de los independentistas no puede aprobar ni siquiera los decretos ley. Tendría que haber hecho caso a quienes desde su partido, y desde el PNV, le aconsejaban que prorrogara los de Rajoy, pero su soberbia le ha impedido hacerlo.
En cuanto al indulto, han sido tantas las maniobras para favorecer a los procesados -desde enfrentarse a Llarena hasta inducir u ordenar a la Abogacía del Estado y a la Fiscalía para que no vieran delito de rebelión- y tantos globos sonda para rebajar la importancia de un posible indulto, que la sola mención de esa palabra provoca una indignación generalizada hacia el Gobierno. Sí, generalizada. Porque un Ejecutivo tiene atribuciones para indultar a un delincuente, pero cuando lo hace bajo presión, bajo chantaje, es cuando debe negarse tajantemente a aceptarlo. Ningún país respeta a un Gobierno que se somete a las coacciones de delincuentes.
Los que juzgarán a los procesados por supuestos delitos de rebelión, desobediencia y malversación cuentan con todo lo que se pide a la Justicia: jueces y fiscales solven- tes, de reconocida y sólida trayectoria, con una carrera profesional en la que han tenido que tomar deci- siones comprometidas sin que les temblara el pulso por hacerlo conforme a la ley. Lo harán ahora todavía con más ahínco, porque son conscientes de que el juicio que se inicia este martes va a condicionar el futuro del país.
Las estrategias políticas del PDeCAT y de ERC son distintas, y sus objetivos también. Con el juicio de doce de sus dirigentes se llega al punto álgido del llamado Procés. Nada será igual una vez se conozca la sentencia. Solo entonces se sabrá, por ejemplo, qué dirigentes podrán reanudar su carrera política, cuándo, y cuál será la línea que marquen en su confrontación con "España".
Periodista