Impuestos aplazados y las tarifas al mínimo para ayudar a pasar la crisis

La junta de gobierno municipal aprobó ayer toda una serie de modificaciones en los impuestos y tasas municipales para ayudar a los ciudadanos y a las pequeñas empresas a tratar de superar la situación actual con buena parte de la actividad económica totalmente paralizada.

Al igual que con otros trámites municipales, que han quedado paralizados temporalmente hasta que finalice el período de confinamiento y han dejado de correr los plazos legales, también se ha aplicado este mismo sistema al cobro de tributos, según explicó ayer el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, tras la celebración de una junta de gobierno extraordinaria de la que se informó a través de la web municipal.

En primer lugar, el Impuesto de Bienes Inmuebles. En este caso, explicó, no se pasa al cobro hasta el mes de junio, por lo que en principio no estaría afectado. Sin embargo, el plazo para solicitar el cobro fraccionado en tres mensualidades, en junio, septiembre y noviembre, que había finalizado en febrero, se volverá a abrir ahora, de forma que los interesados lo podrán volver a solicitar hasta el 31 de mayo.

También se prevén modificaciones en la tasa por la recogida de residuos. Para aquellos establecimientos que se vieran afectados por el cierre durante estas semanas se está estudiando fórmulas para que no se les aplique la cuota variable de este tributo durante el período de tiempo en el que deban estar sin desarrollar ninguna actividad.

A quienes sí se aplicará un importante descuento es a los negocios de hostelería que abonan el impuesto por ocupación de vía pública con mesas y terrazas. Las previsiones, explicó la concejala de Hacienda, Marta Abal, son descontarles los días en los que no han podido poner las terrazas del importe total del impuesto municipal.

Por otra parte, y también dentro del ámbito tributario, el alcalde explicó que el Ayuntamiento instará al Gobierno central a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), a que extienda a los ayuntamientos y a otras administraciones las mismas medidas para el aplazamiento de las deudas que ya habilitó para el Administración General del Estado.

De esta forma, señaló, se reclama que los obligados puedan aplazar los pagos de sus deudas por un período de hasta tres meses sin intereses en las entidades locales, igual que en otras instancias públicas.

Con estas medidas el Ayuntamiento espera contribuir a que los inevitables daños económicos que está produciendo el cierre de actividades resulten algo más llevaderos.