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DEBERÁ COMPARECER EL 11 de mayo

José Ramón Gómez Besteiro, investigado en la Operación Pulpo

Como presunto autor de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, fraude de subvenciones y delito continuado de malversación de caudales públicos

    El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, deberá declarar en la llamada operación Pulpo como presunto autor de los delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y otro continuado de malversación de caudales públicos.

    Se señala para la práctica de esta declaración el próximo día 11 de mayo, a las 10.30 horas, ha informado hoy el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

    El Juzgado de Instrucción número uno de Lugo ha notificado dos autos en el marco de la denominada Operación Pulpo, ambos con fecha 10 de marzo, y en los que se acuerda alzar el secreto sobre buena parte de las actuaciones, que en estos momentos constan de 15 tomos, algo más de 8.300 folios, ha informado el TSXG.

    En uno de ellos se acuerda la práctica de determinadas diligencias de investigación. Entre éstas, solicitar diversa documental a la Diputación de Lugo, entidades bancarias y la práctica de declaraciones testificales de funcionarios del mencionado ente provincial.

    En concreto, Juan Carlos F.P., jefe del Servicio de Protocolo de la Diputación, como presunto autor de un delito de prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, malversación de caudales públicos y facilitación de información privilegiada. Se señala para la práctica de esta declaración el próximo día 10 de mayo de 2016, a las 10.30 horas.

    Igualmente, José Antonio M.C., secretario adjunto de la Diputación y actual secretario del Ayuntamiento de Lugo, como presunto autor de un delito de prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones, malversación de caudales públicos y facilitación de información privilegiada. Se señala para la práctica de esta declaración el próximo día 12 de mayo de 2016, a las 10 horas.

    Asimismo, Rosa A.F., interventora del Servicio de Intervención de la Diputación, como presunta autora de un delito de tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos. Se señala para la práctica de esta declaración el próximo día 12 de mayo de 2016, a las 11.30 horas.

    También Raúl L.L., empresario, administrador jefe del grupo Monbus, como presunto autor de un delito de cohecho, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, fraude de subvenciones y uso de información privilegiada. Se señala para la práctica de esta declaración el próximo día 11 de mayo de 2016, a las 13 horas.

    Ademas, Leticia V.P., directora de comunicación de la Diputación, como presunta autora de un delito de un delito de tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, descubrimiento de secretos y uso de información privilegiada. Se señala para la práctica de esta declaración el próximo día 11 de mayo de 2016, a las 12 horas.

    José Enrique R.C., asesor de fondos europeos de la presidencia de la Diputación, es llamado como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, fraude a las Administraciones Públicas, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Se señala para la práctica de esta declaración el próximo día 12 de mayo de 2016, a las 13 horas.

    Las actuaciones de esta causa se iniciaron el 11 de junio de 2013 y en la misma se investigan diversos delitos relacionados con la Administración pública.

    Los hechos que se investigan son las presuntas irregularidades relacionadas con la gestión del programa "KM0" que denunciaron unas trabajadoras, que igualmente interpusieron denuncia por acoso contra el jefe del servicio de Protocolo.

    Se investigan también presuntas adjudicaciones ilícitas para favorecer a determinados grupos empresariales, entre ellos al grupo Monbus, así como el otorgamiento supuestamente fraudulento de subvenciones.

    Otro de los puntos objeto de investigación judicial es el pago por parte de la Diputación, con inclusión en los denominados "gastos sociales", de cantidades de cuantioso importe, tanto de ayudas médicas como de viajes y comidas.

    11 mar 2016 / 17:26
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