Litigios estratégicos
EL derecho, como solían decir los antiguos, es lo que dicen los jueces, que son quienes tienen la relevante tarea de dar a cada uno lo que le es debido, lo que le corresponde. Y los jueces, como representantes del poder judicial que son, dirimen controversias, disputas, pleitos con arreglo a la ley y al derecho. Están vinculados por la ley, la Constitución y el bloque de la legalidad, y también por los principios generales de derecho.
El Estado de derecho garantiza, debiera garantizar, un Estado de justicia, no solo formal, lo que dota a este colectivo de personas de una singular responsabilidad como guardianes y garantes de los valores fundamentales de un Estado regido por valores, principios y normas jurídicas.
Pues bien, de un tiempo a esta parte, ha cobrado especial actualidad el denominado litigio estratégico o también denominado litigio de impacto social. Se trata, en estos casos, de presentar demandas ante los jueces con el objetivo, no solo de ganar casos particulares, sino de conseguir más altas metas. Por ejemplo, con la presentación de acciones procesales colectivas, se puede buscar una determinada interpretación jurisprudencial, el cambio de una norma o la retirada de una determinada política pública.
En algunos países, a través de litigios estratégicos se han obtenido reconocimientos significativos de derechos sociales fundamentales. En México, por ejemplo, el colectivo Aprender Primero, consiguió que la Corte Suprema admitiera el único precedente que hasta el momento reconoce interés legítimo a asociaciones que defienden derechos humanos específicos como el derecho a la educación.
Otro caso relevante se ha producido en materia de corrupción. Un Tribunal ordinario mexicano ha admitido una demanda presentada por el colectivo Mejicanos contra la corrupción y la impunidad porque a su juicio el objeto social de esta asociación es la prevención y el combate a la corrupción. Es decir, Mejicanos contra la corrupción y la impunidad está habilitada para presentar demandas contra cualquier poder público implicado en acciones u omisiones de corrupción. Es decir, se reconoció el derecho humano a un medio ambiente libre de corrupción.
El derecho, como no podía ser de otra manera, sirve para que la Justicia ilumine las relaciones humanas y, en sentido contrario, para que la injusticia vaya desapareciendo de la faz de la tierra. Y no solo en las disputas o controversias particulares. También en las contiendas y combates en los que está en juego nada menos que la dignidad humana y los derechos fundamentales de la persona. Casi nada.
Catedrático de Derecho Administrativo