Ministerio y Xunta desbloquean la retrasada depuradora de Vigo

Tras varios meses de discrepancias, la Xunta y el Ministerio de Medio Ambiente comienzan a acercar posturas para poder construir la depuradora de Vigo. La infraestructura debería estar lista en 2011 para evitar la multa de 20 millones de euros que la Unión Europea puso a Galicia en 2005 por contaminación en la ría. Desde la Consellería de Medio Ambiente reconocen esta fecha como imposible y confían en poder iniciar la obra a tiempo para convencer a la UE de que no sancione a Galicia.

La ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, que ayer viajó a Santiago, comunicó telefónicamente al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, que aceptaba la propuesta de financiación presentada por la Xunta. El elevado coste de la depuradora, unos 238 millones, obligó al anterior Gobierno gallego a pedir ayuda al Ministerio de Medio Ambiente. Para ello, se redactó un convenio en el que se establecía la cantidad que le correspondía a cada administración. El departamento de Espinosa se comprometió a poner encima de la mesa 112 millones de euros. Buena parte de ellos se incluían ya en una partida de los presupuestos del Estado para este año, que evidentemente no se han ejecutado. A la Xunta le corresponden 115 millones y el ayuntamiento vigués debe aportar casi 19 millones más.

Hasta ahora el convenio no se había firmado. Según aseguró ayer a EL CORREO, Agustín Hernández, "la Xunta no dispone del dinero". Por este motivo, la consellería ha propuesto una nueva fórmula de pago aplazado. La Xunta aportará solamente unos 45 millones de euros de los 115 que le corresponden. El resto, otros 70 millones, tendrá que adelantarlos la empresa encargada de construir la nueva depuradora. "A partir de 2014 y hasta el 2024 se le devolverán en diez anualidades más los intereses", explica Agustín Hernández.

Xunta y Ministerio tendrán ahora que cambiar el convenio ya redactado para ajustarlo a la nueva fórmula para pagar la depuradora. Agustín Hernández espera que la modificación se realice "rápidamente" para poder posteriormente licitar la obra.

Pese al primer paso dado ayer, el tiempo se le echa encima a la Xunta si quiere evitar la multa por contaminación de la UE. Hernández recordó ayer que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ponga a disposición los terrenos necesarios para la construcción de la infraestructura. Para comenzar la obra será necesario acometer expropiaciones, y además, los colectivos ecologistas subrayan que tan solo existe un anteproyecto. "Debería redactarse un proyecto con una memoria ambiental y un período de alegaciones", explica Sabela Iglesias, miembro de Verdegaia. La Xunta debe de encontrar, además, una constructura dispuesta a adelantar los 70 millones de euros en un contexto de crisis financiera y falta de liquidez.

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