El monte vecinal se echa a la calle para evitar un "robo legal"

El monte vecinal en mano común, equivalente a un tercio del territorio de Galicia -650.000 hectáreas- se echó ayer a la calle en Santiago a través de cientos de personas que recorrieron el centro de la capital en contra de su "privatización".

Un "robo legal", según sus palabras, que emanaría de la nueva ley de montes de Galicia, que en su disposición transitoria novena recoge que si en agosto de 2016 las comunidades que tengan sus montes con convenio o consorcios no pagan su saldo deudor estarán obligadas a firmar un contrato con una empresa forestal privada.

Xosé Alfredo Pereira, de la Organización Galega de Comunidades de Montes, denunció que la Xunta tiene el "doble objetivo" de "usurpar" la gestión de los montes vecinales a los comuneros y de "impedir" que las comunidades de montes protagonicen su "puesta en valor".

Los consorcios y los convenios, explican, son un acuerdo entre quien tiene la legítima propiedad del monte y la administración forestal, correspondiéndole a esta última la gestión del mismo. La administración forestal, se quejan, "nunca presentó las cuentas claras" y cuando se ve obligada a presentarlas resulta que los vecinos "siempre resultan deudores". De este modo, demandan a la Xunta la condonación de las "falsas deudas" de los montes vecinales; un plan presupuestario para la puesta en valor de los montes y una fiscalidad propia.

Medio Rural responde que los nuevos contratos de gestión pública son "voluntarios" y que no supondrán una "privatización. "Se trata es de fomentar el aprovechamiento integral y la diversificación da producción forestal de forma sostenible", indica.