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Necesitamos un Ombudsman

    SEGÚN un reciente informe del Consejo General del Poder Judicial, al 8 de septiembre pasado se habían presentado nada menos que 57.068 demandas relacionadas con cláusulas abusivas de la banca, fundamentalmente cláusulas suelo. De ellas 2.654 lo fueron en los cuatro juzgados uniprovinciales formados en Galicia, responsables del estudio de las demandas sobre condiciones generales de préstamos hipotecarios contraídos por personas físicas. Destaca entre ellos el juzgado de Vigo que concentra el 48% de las reclamaciones.

    Anteriormente ya la evolución del número de demandas de los consumidores desde 2012 hasta 2016 confirmaba que las malas prácticas de la banca habían sido generalizadas, con el objetivo de cubrir sus necesidades de capital por las consecuencias de la crisis o vender productos sin informar suficientemente de sus riesgos, como sucedió con preferentes, subordinadas y bonos convertibles. Sino que, además, se ha detectado un verdadero problema regulatorio e, incluso, de déficit de supervisión por parte de Banco de España y CNMV.

    El Banco de España fue responsable de permitir la capitalización de los bancos gracias a la emisión de productos complejos, y de alto riesgo, comercializados a minoristas de perfil conservador. Por su parte la CNMV permitió notas de emisión con información poco o nada rigurosa. Ninguno de ambos supervisores ha sancionado de forma ejemplar estas conductas, por lo que no se desincentiva la comercialización de productos tóxicos como los swap, bonos convertibles o las cláusulas suelo. Si únicamente se le obliga a reparar el daño causado, en la mayoría de casos tan solo se habrá de retornar el lucro indebidamente percibido, sin penalización.

    El papel del que han desertado Banco de España y CNMV fue asumido por los tribunales de justicia, pues son los que están dando la razón a los consumidores y corrigiendo la mala praxis bancaria. En la práctica las reclamaciones a los supervisores de nada sirven, pues sus resoluciones no son vinculantes y prueba de ello es la judicialización de esta problemática. Quizás haya llegado el momento de una nueva regulación que podría inspirarse en el modelo irlandés, el Financial Services Ombudsman, un servicio independiente para resolver, con carácter vinculante, las reclamaciones de los consumidores sobre sus problemas con los bancos.

    Además es un servicio gratuito para el demandante y con la única vía de apelación de la decisión del Ombudsman, para ambas partes, ante un Tribunal Superior. Pero me temo que al lobby bancario no le interese.

    Economista

    27 sep 2017 / 19:33
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