Las particularidades de la Ley de Segunda Oportunidad

Durante los tres primeros meses de 2019, un total de 47 personas han recurrido en Galicia a la Ley de Segunda Oportunidad. Es un dato que proporciona el director de COAGA Abogados y Consultores y fundador de segundaoportunidadgalicia.com, Ángel Andújar. Respecto a la cifra, el abogado explica que “es un 50 % más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se acogieron a la misma ley tan solo 31 personas”.

Queda demostrado, por tanto, que se trata de un instrumento legal que sirve de gran ayuda para aquellas personas que tienen deudas y no pueden hacerles frente. No obstante, aunque puede aparecer como la única solución para muchos, no es una opción viable para todos, ni es válida para cualquier circunstancia.

Tal y como sostiene Andújar, la aprobación de esta ley “supone un hito en un país en el que la responsabilidad e imprescriptibilidad de las deudas personales era uno de los pilares del ordenamiento civil”. Es un gran paso, sí, pero con algunos flecos sueltos que es imprescindible resaltar.

Un instrumento desconocido

A diferencia de lo que ocurre en otros países, donde está más instaurada, la Ley de Segunda Oportunidad en España es relativamente nueva. Aprobada en 2015, todavía es una gran desconocida para muchas personas. A pesar de que nos equipara al resto de economías socialmente avanzadas, el público en general no la conoce como cabría esperar.

Por ejemplo, Andújar destaca que “en los países anglosajonesse utiliza con mucha más profusión”. Será entonces labor de los abogados expertos orientar a sus clientes a la hora de encontrar la mejor solución para hacer frente a sus deudas.

El doble objetivo de la ley

Hay que recordar, también, que la segunda oportunidad no solo se proporciona a los deudores. También los acreedores ven protegido su derecho de cobro con esta ley.

Así, con esta herramienta jurídica se pretende, por un lado, reducir la carga de la parte deudora y, por otro, asegurar al máximo el cobro de la deuda por parte de los acreedores. El doble objetivo social y económico queda patente.

Las administraciones públicas, al margen

También hay que tener presente que no todas las deudas pueden ser objeto de una segunda oportunidad. Aparte de quedar exentas aquellas que superen los cinco millones de euros o las contraídas por personas que tengan antecedentes penales relacionados con delitos socioeconómicos, no pueden refinanciarse ni renegociarse las deudas con las administraciones públicas.

La buena fe

Destaca, por último, un concepto que se considera determinante a la hora de que un juez otorgue o no la segunda oportunidad a un deudor: la buena fe.

Actuar de buena fe supone, en resumen, demostrar que se ha intentado por todos los medios hacer frente a la deuda o alcanzar un acuerdo con los deudores. Si se detecta que el solicitante es el propio causante directo del impago, o que este ha rechazado un trabajo acorde a su capacidad, lo lógico es que se le termine denegando la segunda oportunidad.

A pesar de todos los límites que presenta la Ley de Segunda Oportunidad, Ángel Andújar sostiene que “su aplicación práctica está reportando excelentes resultados”, y no solo cuando de lo que se trata es de lograr la exoneración definitiva de las deudas. También supone un gran alivio para los deudores en todos los casos en los que la ley sirve como “herramienta determinante para lograr su refinanciación”.