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La piqueta amenaza a noventa chalés en la costa de Porto do Son

Ánxela Franco considera que el ex alcalde tenía que haber parado las obras al comprobar que no se adaptaban a la licencia ·· Éste dice que no es responsable alegando que las competencias eran de la Xunta

La portavoz municipal del BNG de Porto do Son, Ánxela Franco Pouso, y el concejal independiente Gonzalo Pérez Fernández, consideran obvio que el ex alcalde, el socialista Ramón Quintáns Vila, tiene "responsabilidades" en el caso de los tres chalés ilegales que fueron derribados el jueves por la tarde en la playa de Boca do Río, en la parroquia de Caamaño, tras abrir la Consellería de Política Territorial un expediente sancionador. Con anterioridad, el actual mandatario sonense, Manuel Tomé Piñeiro (PP), y el portavoz de Adega, Fins Eirexas, ya acusaron al ex regidor de mirar para otro lado en éste y otros casos.

Ánxela Franco explicó que el propietario es un emigrante de O Son "que quiso que sus tres hijos se quedaran en su parroquia natal de Caamaño" y agregó que "antes de derribar había que parar las obras que es responsabilidad del gobierno de turno". Quintáns concedió por decreto una licencia urbanística para construir tres galpones que después se transformaron en chalés. Quintáns señaló ayer que los vecinos no se atuvieron a la licencia concedida y dijo que las responsabilidades urbanísticas son de la Xunta y no del alcalde, pese a que el Ayuntamiento es quien deber paralizar una obra si tiene constancia de que hay irregularidades, como en este caso, bien de oficio por los informes de los servicios municipales o por una denuncia de un particular.

Ánxela Franco se preguntó si en la Xunta "sólo ven la ilegalidad de un paisano de la aldea y no las restantes que hay en este municipio... o es que la vara de medir es diferente". En su opinión, debe haber unas responsabilidades políticas para este tipo de casos "y del primero al último miembro del gobierno de turno ir a parar a los tribunales y me incluyo si un día llego a la alcaldía". Al mismo tiempo, considera que esta orden de derribo "es una muestra más de la urgencia que hay en O Son de aprobar el planeamiento".

Por su parte, el edil de Alternativa Veciñal de Porto do Son, Gonzalo Pérez Fernández, también culpabilizó al ex alcalde de los derribos "por conceder licencias en sitios en los que no se deben dar y ahora tenía que ser él quién pagase las consecuencias en vez de una familia humilde".

. delegnoia@elcorreogallego.es

Los propietarios

“No le deseo a nadie lo que nos pasó a nosotros”

Un portavoz de la familia afectada por el derribo de los tres chalés, que prefiere guardar el anonimato, aseguró ayer que licencias municipales como la suya “se concedieron 250 en aquel momento (año 2001)”. Sin embargo, dijo que no le desea a nadie “lo que nos pasó a nosotros y que intenten solucionar el problema sin llegar al derribo”. Este portavoz explicó que el terreno fue cedido por su suegro a sus tres hijos para levantar las construcciones, “aunque reconozco que nos hemos pasado”. Las mismas fuentes señalaron que decidieron derribar los chalés “porque se cumplían los quince días que nos había dado la Xunta para alegar y si no nos enfrentamos a multas de entre 60.000 y 600.000 euros y mil euros cada mes que las construcciones estuvieran en pie”. Ahora, señaló que los terrenos “no valen para nada sólo para plantar patatas”, aunque se pregunta “si fuera de algún político sino lo habrían recalificado ya porque algunos promotores tenían información privilegiada del anterior gobierno municipal para poder construir”. También se refirió a la actuación de oficio de los técnicos de Política Territorial que llevaron al derribo exclamando que “hay que joderse y asumirlo”.

Más afectados

Otros noventa casos pendientes de resolución

La Consellería de Política Territorial tiene abiertos en Porto do Son 90 expedientes similares al que provocó el derribo de los tres chalés, según informó el BNG. Una buena parte de ellos más de medio centenar fueron denunciados desde Adega y el resto fueron instruidos por actuaciones de oficio de los agentes de Urbanismo de la Xunta. Si se cumplen todos los plazos y no se recibe respuesta de los propietarios que reciban órdenes de derribo, además de la multa que se le imponga, éstos se enfrentan a una ejecución subsidiaria, solicitando previamente por vía judicial el derribo de estos edificios para garantizar la legalidad. La mayor parte de ellos cuentan con una licencia municipal para levantar un galpón y al final construyeron una vivienda. Las zonas más afectadas son las de San Pedro de Muro, Xuño, Queiruga y Caamaño. Cada propietario pagaba por la licencia más de 25.000 pesetas de las de entonces (150 euros). Ahora, el portavoz de los afectados por el derribo de los tres chalés se pregunta “a dónde fue a parar ese dinero”, y también quiso dejar claro que las edificaciones estaban situadas a la distancia reglamentaria, que en 2001 era de cien metros de la costa

08 may 2009 / 22:42
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