Resistencia Galega está lista para dar un fuerte salto delictivo

"Están preparados para seguir adelante. Tienen capacidad para cometer atentados con artefactos explosivos. Ahora son más peligrosos. Se han vuelto más precavidos. Los principales líderes quieren dar un salto importante". Son titulares que dejan varias conversaciones con algunos responsables policiales que llevan varios años investigando a los grupos radicales independentistas gallegos, englobados bajo la firma Resistencia Galega, tras el recrudecimiento de las acciones violentas en Galicia contra las sedes del PSdeG. En 2009 se registraron diez atentados terroristas en Galicia; en los últimos meses de 2010 hubo siete acciones.

¿Qué está pasando en el independentismo más radical?

La pregunta que se hacen muchas personas, sobre todo cargos políticos, tiene una respuesta clave: "hay un grupo de activistas dispuestos a dar un salto cualitativo para extender lo que ellos llaman lucha armada". Gráficamente, uno de los expertos consultados asegura que "los principales responsables de Resistencia Galega quieren jugar ahora en Primera División", en referencia a ese paso adelante dado desde el otoño de 2010. ¿Tienen capacidad para hacerlo? Hay coincidencia, entre todos los consultados, a la hora de que "están preparados para seguir adelante. No tienen suficiente capacidad para cometer grandes acciones, pero sí pueden llegar a causar mucho daño. Si la comparación es con la banda ETA en sus primeros tiempos hay que decir que no tienen ni una décima parte de su capacidad, pero ahora mismo pueden llegar a causar bastante daño".

Llegados a este punto conviene indagar en las razones que motivaron este cambio tan radical que, siempre según los servicios de información de las Fuerzas de Seguridad, se sitúa en el otoño de 2010. "En ese momento la Fiscalía de la Audiencia Nacional decide cambiar de criterio y acuerda tratar el independentismo violento como actividad terrorista". Se pasa de aplicar el artículo 577 del Código Penal, que contempla el terrorismo urbano o de baja intensidad, a considerar a los jóvenes gallegos detenidos por hechos similares como autores de delitos de terrorismo al hacer uso, en buena parte de los atentados, de sustancias explosivas o incendiarias.

Esa modificación tuvo tres damnificados inmediatos: Uxío Caamaño, de vuelta a prisión para cumplir la condena íntegra, y Santiago Vigo Domínguez y José Manuel Sánchez Gorgas, los dos jóvenes detenidos cuando iban a colocar un artefacto explosivo en una inmobiliaria de Porto do Son, a los que el Tribunal Supremo subió de uno a cuatro años de cárcel la pena impuesta por la Audiencia Nacional, por lo que tuvieron ingresar en prisión. Actualmente se encuentran internados en Dueñas-Palencia, los dos primeros, y en Mansilla de las Mulas el tercero.

Este hecho, ocurrido el pasado verano, supuso que, según los investigadores policiales, "se abriera un periodo de reflexión en el independentismo radical gallego para tomar una postura única ante lo que ellos consideraban un ataque represivo". "Hubo varias reuniones", añaden las fuentes, "en las que se adoptó la decisión de dar un paso más y comenzar los ataques a las sedes del PSdeG, como miembros en Galicia del Gobierno de España al que responsabilizan del cambio de actitud de la Fiscalía y los jueces".

¿Quién toma las decisiones en Resistencia Galega?

Vuelve a registrarse unanimidad entre los distintos expertos consultados: "Hay dos o tres personajes, que se encuentran en situación de busca y captura, que deciden por todos. Ellos dan las órdenes y ellos son los que marcan los objetivos, sobre todo Tonino García Matos". Las dudas, si las hubo en algún momento, se resuelven con la apelación que hacen a los encarcelados. "Hay gente en prisión que pide que se intensifiquen las acciones violentas contra las fuerzas represoras" fue uno de los mensajes detectados en estos círculos.

Al mismo tiempo, en este proceso de reflexión, se decide dar ese paso adelante "profesionalizando" a los miembros de las células que iban a participar en las acciones violentas. Hasta esas fechas los miembros de Resistencia Galega estaban muy desorganizados; de hecho, los tres activistas encarcelados fueron detenidos tras colocar el artefacto explosivo (Uxío) y cuando aún lo estaban manipulando (Santiago y José Manuel). "Eran bastante rudimentarios", reconocen las fuerzas policiales, "con poca capacidad y con artefactos explosivos caseros".

¿Qué cambió desde entonces?

"Sobre todo las medidas de seguridad que guardan. Ahora forman un núcleo muy cerrado y no se exponen como antes. Son más cuidadosos y por eso se están volviendo mucho más peligrosos". Sobre las sustancias explosivas empleadas en los atentados pocas novedades existen, aunque en algunos casos (como los atentados de A Estrada y Teo) eran más sofisticados que los utilizados hasta la fecha.

El gran temor viene en una doble dirección: "que entre los miembros de la nueva camada de radicales haya jóvenes preparados, por sus estudios universitarios, para elaborar bombas" o que los "miembros más veteranos, que llevan varios años en la clandestinidad, hayan podido contactar con grupos similares con explosivos y experiencia". Ese paso lo dieron miembros de ETA en sus primeros años.

¿Tienen respaldo social en Galicia?

Ahí radica la gran esperanza de las fuerzas policiales, que están convencidos de que "este germen no cuenta con apoyos más allá de algunos colectivos muy concretos. Ésta es la gran diferencia si se pretende establecer un paralelismo con la banda etarra. En Galicia tienen que moverse en círculos muy cerrados, ya que el rechazo es grande, aunque, eso sí, hay algunos irresponsables que siguen prestándoles apoyo y mirando hacia otro lado cuando cometen alguna barbaridad".

"No se ve por ninguna parte", añaden, "que haya grupos legales dispuestos a respaldar acciones violentas; eso está claro, pero, al mismo tiempo, hay algunos ayuntamientos que prestan ayuda económica a determinados colectivos que bordean la legalidad". Es una de las grandes quejas de los investigadores policiales que actúan en Galicia: la existencia de una serie de locales que, bajo la apariencia de centros sociales y/o culturales, esconden otro tipo de actividades de apoyo a los presos o a las acciones violentas.

"Todos sabemos en que círculos se mueve esa gente, quiénes hacen las colectas económicas, quiénes encabezan las protestas..., pero no se puede actuar contra colectivos que están legalizados", sostienen las fuentes. Otro de los aspectos que destacan es la aparición de webs "en las que se defiende a esta gente, a los que se califica de patriotas, y se respaldan las campañas de apoyo a los presos y las acciones violentas de los más radicales".