El secretario dice que en su conciencia "no hay ninguna duda" de que el acuerdo es legal

Los testigos que comparecieron a petición de la Fiscalía, el exsecretario y la exinterventora, tienen un contencioso con el ayuntamiento, por lo que la defensa pidió que no comparecieran, algo que no fue tenido en cuenta por el juez.

Han coincidido en señalar que el acuerdo adoptado podría generar un vínculo entre el abogado designado por Varela y el Ayuntamiento.

Los testigos aportados por la defensa, el actual secretario, el vicesecretario, el interventor y dos asesores jurídicos de la Diputación de A Coruña han insistido en la legalidad del acuerdo.

El secretario ha dicho que en su conciencia "no hay ninguna duda" de que el acuerdo es legal y ha reconocido que Adrián Varela no conocía el contenido exacto de su informe, que contenía los condicionantes, aunque previamente le había dicho verbalmente que tenía derecho a que el ayuntamiento financiase su asistencia jurídica.

El vicesecretario, que estaba presente en la junta de gobierno de mayo de 2013 que adoptó el acuerdo, ha dicho que no recuerda que hubiese debate entre los concejales o preguntas sobre la legalidad, como sí afirmaron varios ediles en sus declaraciones.

Además, el interventor, que se incorporó en septiembre de 2013 al ayuntamiento, ha afirmado incluso que este acuerdo era "innecesario" para el pago posterior del abogado ya que tendría que haber otro informe para iniciar el expediente de pago, algo que finalmente no se produjo tras la renuncia de Varela.

Siguiendo el juicio estuvo el alcalde compostelano, Ángel Currás, y también acudió su antecesor, Gerardo Conde Roa, que abandonó la corporación tras ser acusado de un delito fiscal. EFE