Sexenios e incumplimientos

Todos los ciudadanos tenemos que cumplir con las normas establecidas en el país en el que vivimos. Esta premisa, que parece tan sencilla, no lo es tal cuando observamos la actuación de los comités de expertos que asesoran a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), órgano dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, cuando evalúan la actividad investigadora de los profesores universitarios. Estos "expertos" incumplen claramente la normativa aplicada a estas evaluaciones en la que se indican "unos mínimos" que debe acreditar el evaluado para obtener una evaluación positiva de su investigación para el periodo solicitado (como mínimo 6 años). Imagínense que la norma dice que usted tiene que tener publicados tres libros con tapas rojas (y usted los tiene) pero ¡vaya sorpresa! cuando le llega el resultado de su evaluación, ésta no es positiva, porque en lugar de cumplir lo que señala la norma, lo que hacen es darles una puntuación numérica a cada uno de los libros, cuya media no llega al aprobado (que por cierto, no es de 5 sobre 10 sino de 6). A eso hay que añadirle que usted tuvo que justificar de forma detallada, además de que el libro es rojo, que tiene una buena cubierta y otra serie de requisitos de calidad que los evaluadores en ningún caso contradicen. Pero no sólo incumplen la propia norma que aprueba la CNEAI sino que incumplen la moción aprobada el pasado mes de marzo por el Senado (que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Ciencia e Innovación), donde se instaba al Gobierno a "establecer unos criterios y baremos objetivos para la evaluación, que garanticen la transparencia y la equidad en su aplicación" y que "en particular se tendrá en cuenta la publicación en las lenguas españolas u otras que resulten adecuadas a la temática de la investigación". Esta moción aprobada recoge algunas de las reclamaciones que, desde el año 2002, se recogen en el Manifiesto de los sexenios. Muchos investigadores de toda España están ahora mismo recurriendo las resoluciones negativas de esta Comisión, primero en recurso de alzada pero que, salvo excepciones, acabarán en los tribunales. De hecho ya hay abogados especializándose en los recursos de sexenios, lo que es un indicador del volumen de recursos que se presentan anualmente. Pero independientemente de las acciones judiciales, son imprescindibles las propuestas y controles políticos y por ello es de agradecer a la senadora santiaguesa Mª Jesús Sainz que, una vez más, se ha hecho portavoz de nuestras justas reclamaciones y ha presentado una amplia batería de preguntas a la señora ministra de Ciencia e Innovación en relación con este tema, porque tanto las leyes como las normas o los acuerdos del Senado son de obligado cumplimiento.