Siete detenidos en Boiro, Lousame y Rianxo por fraude en obras forestales
Dos empresas inflaban facturas y se repartían el dinero con directivos de una comunidad
La Guardia Civil de Boiro detuvo a tres miembros de la junta rectora de una comunidad de montes vecinales de Boiro y a cuatro responsables de dos empresas de obras y excavaciones de Rianxo y Lousame como supuestos autores de los delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falsedad documental, tras haber detectado irregularidades por un importe de 143.000 euros.
En el mes de mayo de 2018 una denuncia alertó a la Fiscalía de Santiago de Compostela y al Instituto Armado del presunto reparto de dinero procedente de los fondos de la cuenta de dicha entidad entre algunos comuneros, por un importe de 18.000 euros.
La investigación evidenció la presunta implicación de las firmas contratadas por los directivos de la misma para la realización de trabajos forestales en los montes comunales.
Los habrían hecho entre 2014 y 2017, facturándolos por un importe superior al valor de mercado, según la peritación y valoración realizada por técnicos de la Dirección Xeral de Montes de Galicia de la Consellería de Medio Rural. Ambas efectuaron un incremento ficticio y falseado en cuanto al contenido y descripción.
También se detectaron presuntas irregularidades en relación a tres subvenciones de la Diputación Provincial de A Coruña, concedidas a ese mismo colectivo en los años 2014, 2015 y 2017, que constituirían un presunto delito de malversación de caudales públicos. Todos estos indicios permitieron concluir a los investigadores que, presuntamente, los directivos de la comunidad actuaron en connivencia con los responsables de las empresas ejecutantes de las obras.
El modus operandi consistía en incrementar el importe de la facturación, derivando el mismo a los ahora detenidos.
Los arrestados en esta operación (denominada Espilipto) fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número Uno de Ribeira como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.