La subida de los peajes reactiva la exigencia del traspaso de la AP-9

Pocos temas de la política gallega suscitan el nivel de consenso que se ha logrado desde hace años ya respecto al traspaso de la gestión de la Autopista del Atlántico, la AP-9. Todos los grupos parlamentarios, con sus matices, apoyan una reivindicación con la que, entre otras cuestiones, se pretende poner freno a la escalada de precios de la vía que mejor vertebra el territorio gallego.

En la pasada legislatura, el arco parlamentario del O Hórreo al completo volvió a defender en el Congreso la transferencia, pero la iniciativa decayó -otra vez- con la convocatoria electoral del 28 de abril. El Gobierno de Pedro Sánchez permitió al menos -no lo había hecho el PP- el debate en la Cámara, aunque sin resultados prácticos. En plena precampaña, el Gobierno vasco, que optó por la negociación bilaterial, sí lo consiguió: el País Vasco logró las competencias sobre el tramo de la AP-68 que une Bilbao y Zaragoza y lograba que se atendiera una de sus reivindicaciones históricas. Mientras, la infraestructura de comunicación gallega volvía a dormir el sueño de los justos.

Fue en aquella precampaña la última vez que la AP-9 tuvo protagonismo pleno, aunque éste rebrota cada vez que se acerca el final de año con la actualización de las tarifas por circular por los viales del Ministerio de Fomento, que en este caso en Galicia explota mediante concesión Audasa.

El próximo día 31 de diciembre, a partir de las doce de la noche, volverá a ser así y, con ese motivo, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, insistió ayer en la necesidadc de revisar el convenio por el que se compensa a Audasa por las obras de ampliación de la AP-9 para que "deixe de ser un lastre para os galegos".

Recordó que el Gobierno gallego cuenta con una propuesta para estudiar un acuerdo por el que la concesionaria recibirá 1.400 millones de euros por unas obras que costaron 200, según sus cálculos.

Ethel Vázquez, informó Efe, explicó que la Xunta había propuesto una rebaja de la cuantía a 266 millones de euros y que el importe lo asumiese el Gobierno central, en lugar de los usuarios de la vía.

La conselleira criticó que la Autopista del Atlántico registrará "a maior suba" de peajes de todas las estatales, mientras en otras comunidades se suprimió el cobro de los mismos, por lo que la situación actual refleja un claro agravio.

Además, recordó que la Xunta solo aplicará subidas en dos tramos de la AG-57 para vehículos de la clase 1 y 2 y reiteró que implantará descuentos para familias numerosas, que se suman a los usuarios recurrentes y a los que usan los viales en horario nocturno.

De otro lado, el BNG volvió a situar ayer la transferencia de la AP-9 como una de las cuestiones clave de la agenda gallega que defenderá ante el Estado. La portavoz nacional frentista, Ana Pontón, subrayó que exigirán que se ponga fin a la "discriminación" de los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE, que se alternan en un agravio que saquea los bolsillos de 22.000 gallegos que cada día usan la autopista, la tercera más cara de toda la red estatal.

El Bloque se fija como meta el traspaso como primer paso para después acabar con la "estafa das peaxes". "É unha cuestión fundamental para a investidura (de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno) e para a lexislatura porque afecta a miles de galegos e galegas que cada día son obrigados a pasar pola caixa de Audasa", zanjó.

Mientras, la diputada del Grupo Común da Esquerda, Luca Chao, incidió en reclamar la "gratuidad" y la "transferencia".

Cuestionada al respecto, Chao recordó que la cesión de la autopista es para su grupo parlamentario "un asunto fundamental" como demostraron "en numerosas ocasiones", informó Efe. De hecho, explicó que la petición de transferencia ya fue llevada por Galicia En Común al Congreso de los Diputados. "Queremos una AP-9 gallega y cien por cien pública y gratuita", remarcó la diputada.