Temor a la desaparición de los registros civiles públicos si no se cambia la ley

El sindicato Alternativa na Xustiza (CUT) protesta por no haberse revocado aún la Ley del Registro Civil, aprobada en julio de 2011. Recuerda que, ante la contestación a la privatización de ese servicio que contempla la norma, se produjeron dos períodos de vacatio legis (espacio temporal entre la publicación y la entrada en vigor), que concluyen el 30 de junio de 2020.

Pablo Valeiras, su portavoz, advierte que dejar en manos privadas (notarios, registradores ...) un servicio que siempre fue público, afectará mucho más a Galicia por la cuestión del abandono y la despoblación del mundo rural, ya que los ciudadanos deberán desplazarse muchos kilómetros para obtener documentos necesarios.

Explica que la normativa suspendida, de aplicarse, dejará a la comunidad autónoma con solo 7 registros públicos: uno por provincia, a los que se añade en eses territorios otro por cada medio millón de habitantes. En la actualidad hay más de 300, incluyendo juzgados de paz de los concellos de menos de 7.000 censados. Por ello avisa de un final cercano del registro civil gratuito y duda de que se mantenga la protección de datos.