El temor a "okupas" retrae la salida de pisos para arrendar en las siete urbes
Propietarios en los cascos históricos no cuelgan el cartel de 'se alquila' por esta razón // Fegein alerta de mafias que promueven la práctica en urbanizaciones de cierto lujo como la de Miño
En toda Galicia hay en la actualidad 3.600 viviendas en el circuito de comercialización para el alquiler. Pocas, muy pocas, si tenemos en cuenta que la patronal de las inmobiliarias gallegas Fegein sostiene que haría falta incrementar la oferta otras cinco mil. En el caso concreto de las siete grandes urbes concentran la mayor parte de este negocio, casi el 64 % con 2.300 pisos en busca de inquilino. Hasta la fecha se ponía el acento en el impacto de los alojamientos turísticos como principal fuente de tensiones, con más de 8.500 registrados -los legales-, para los alquileres reglados. Entre las urbes en ciudades como Compostela la relación es ya de tres para visitantes foráneos por cada una para familias, estudiantes... las clásicas.
Fegein nos advertía ayer de otro grave y creciente problema social por el que habían pasado de puntillas para no contribuir a generar más inquietud o alarma entre los propietarios, pero que continúa creciendo sin pausa y debe ser denunciado: el imparable aumento de los pisos okupados, que "va a más" por culpa de una "legislación obsoleta" . Esto permite que "actuaciones esporádicas en nuestra comunidad ya no lo sean, se agrava el problema y hay que afrontarlo", apuntan.
Las mismas noticias que antes parecían cosa de grandes ciudades lejanas, como Madrid o Barcelona, ahora se pueden constatar de forma habitual en Santiago. De hecho, desde la patronal inmobiliaria sostienen que muchos dueños de propiedades en los cascos históricos de las principales ciudades gallegas están evitando poner el cartel de se alquila para que no exista constancia de que está vacío y es accesible. Que busca inquilinos.
De un tiempo a esta parte "el fenómeno okupa es lo más que más preocupa a los arrendadores", certifican estos profesionales del ladrillo. "El problema de la ocupación ilegal de viviendas ha ido en aumento en España en los últimos años, no ha dejado de crecer", incluso también "en la Galicia vaciada". Además, sostienen que hay una "proliferación de mafias en este campo" que provoca que los okupas ya no sean únicamente familias sin recursos y que haya cada vez "más viviendas ocupadas en urbanizaciones de lujo", que es donde más réditos económicos obtienen los criminales que extorsionan a cambio de devolverlas a sus propietarios. Se han dado casos, por ejemplo, en la de Fadesa en Miño.
DESAHUCIO EXPRÉS. La nueva ley, teóricamente exprés, solo faculta al propietario a acudir en menos tiempo y por menos coste a un juicio civil de desahucio, algo de lo que la legislación procesal carecía. Fegein apunta que a partir de la presentación de la demanda se fija un plazo aproximado de 30 días en el que se suele recuperar, aunque depende de la carga de trabajo del juzgado. En una mayoría de casos, la vivienda vuelve al propietario en un plazo de tres a 12 meses "con importantes desperfectos que nadie cubre".
La actual norma protege a propietarios y administraciones cuyas viviendas sociales sean objeto de ocupaciones ilegales, pero no las de bancos, promotoras o fondos de inversión.
Todo okupa debe acredite en un plazo de cinco días un título jurídico de la vivienda, como la escritura de compra o contrato de alquiler, y suelen presentar títulos falsos y sin valor en los tribunales. Afrontan un auto judicial irrecurrible, con hora y fecha concreta, que autoriza el desahucio.
Según la ley, la policía puede desalojar sin orden judicial una vivienda ocupada ilegalmente, siempre que lo haga dentro de las primeras 48 horas del allanamiento. A partir de esos dos días se necesita una orden judicial, y entonces todo entra en un complicado proceso que puede tardar años. De ahí que los 'okupas' traten de probar a la Policía que llevan allí más de dos días.
Fegein le recomienda al propietario que solicite el desalojo lo antes posible. Puede tener la suerte de enterarse a tiempo o que un vecino denuncie la ocupación inmediatamente: la agilidad de una comunidad de vecinos es vital. En ese caso, la Policía se presenta y les desaloja sin orden judicial, si se demuestra que llevan allí menos de 48 horas. Siempre que los efectivos logren acceder a la vivienda.
Si el piso estaba vacío y no tenía carteles de haber sido puesto en alquiler, venta o en rehabilitación, al pasar las críticas 48 horas, el propietario ya no puede pedir el desalojo, sino lo que se llama un desahucio en precario, y ahí empieza una odisea de meses o años, que acabarán con desperfectos y perjuicio económico.
DATOS
Problema que va más allá del extrarradio: se busca el centro. En Fegein avisan de que el problema de los 'okupas' está creciendo "en todas las ciudades gallegas y ya no solamente se concentran en los cascos antiguos y barrios periféricos o marginales". De hecho, alertan, su ubicación predilecta "es últimamente el semicentro y centro de las ciudades como Santiago , Vigo, Ourense o A Coruña, que es donde más se está produciendo".Tensión sumada a la vivienda turística. En A Coruña hay hoy 750 pisos alquilables, frente a 361 turísticos; en Santiago, con 110 en el mercado familiar, hay 641 para turistas. No son las 1.716 de Sanxenxo -datos de Aviturga-, pero reflejan la bajísima oferta.
ESTIMACIONESDE UNA ILEGALIDAD
87.000 inmuebles que estima el Instituto Cerdà que están ocupados en España de forma ilegal, dato que en otras fuentes elevan incluso hasta los 100.000 por los casos en que propietarios no denuncian porque sufren coacciones.4.900viviendas que podrían estar hoy bajo 'okupación' en Galicia si aplicamos a las estimaciones del Instituto Cerdà el peso poblacional y económico de nuestra autonomía. Si hacemos caso de los cien mil, serían medio millar más.