Tendrán tres años los concellos para que bajen del 20 % sus fugas de agua

Galicia estrena el otoño con lluvias y, sin embargo, el Parlamento autonómico ya trabaja en hacer frente a los futuros episodios de sequía y dotarse de herramientas para evitar sustos que se dieron en el pasado reciente . En esta línea, ayer arrancó la tramitación de la futura ley de medidas de garantía de abastecimiento, que busca reducir las fugas de agua en tres años a menos del 20% -las pérdidas en algunas redes municipales alcanzan el 40%-.

El texto seguirá ahora su tramitación tras superar el debate de totalidad, en el que Común da Esquerda, BNG y Grupo Mixto presentaron sendas enmiendas de devolución que no salieron adelante al ser rechazadas por los populares, mientras que los socialistas se abstuvieron.

La titular de Infraestruturas, Ethel Vázquez, fue la encargada de explicar ante el pleno esta norma pionera con la que se combatirán los escapes, pues Galicia es la cuarta comunidad con más pérdidas, con más de 55.000 millones de litros al año. Además, establecerá protocolos de actuación en periodos de sequía o por riesgo sanitario.

De tal forma, se fija un cronograma por el cual los municipios tendrán dos años para hacer auditorías de sus redes de abastecimiento y localizar fugas. Tras ello, contarán con un año más para ejecutar las obras. Después de ese periodo, se aplicará un gravamen disuasorio que penalizará las pérdidas excesivas de agua cuya recaudación irá, en exclusiva, a la renovación de las redes.

CONTADORES Y PLANES. El próximo año se pondrán en marcha ayudas para la instalación de contadores de caudal, que serán obligatorios en los puntos de captación y de suministro final para ofrecer información acerca de fugas. Asimismo, el proyecto de ley concede dos años desde su entrada en vigor para que los municipios con más de 20.000 habitantes -para los de menos es recomendable, no obligatorio- elaboren planes de emergencia frente a la sequía.

También se autorizará a los municipios a realizar expropiaciones de terrenos u otras infraestructuras necesarias para cometer obras de urgencia en periodos de sequía. Todo ello para ahorrar agua, energía y dinero a los ciudadanos, apuntó Vázquez, y blindar a Galicia frente a los desafíos del cambio climático.

Marcos Cal, diputado del Grupo Común da Esquerda, censuró que este es un proyecto de ley basado en la privatización y el hormigón, con una estrategia anticuada, ineficaz, irresponsable e insensata y pidió a la Xunta que dejen de echar balones fuera.

En esta línea, Luís Bará (BNG) afeó a Vázquez que es la principal responsable del agua desde 2009 "y ahora la culpa es del chachachá y los ayuntamientos" Recrimina que la ley supone la constatación de un fracaso de las políticas del PP en estos 10 años.

Davide Rodríguez (Grupo Mixto) identifica fallos de fondo muy potentes en la ley, con una falta de participación y coqueteos con la privatización.

En cambio, el diputado socialista Luis Álvarez explicó que su grupo no presentó enmienda de devolución, ya que considera que es una ley necesaria, si bien observa que es un proyecto mejorable.

El PSdeG alerta de que la Xunta dejó sin ejecutar 111 de los 160 millones de inversión en infraestructuras de gestión del agua entre 2016 y 2018.

55.556 millones