El TSXG anula la ampliación de plantilla del Ayuntamiento de Santiago
Los funcionarios emprendieron acciones, la interventora por la vía administrativa y el secretario, con su personación en la Pokémon
La sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado el recurso interpuesto por varios ediles del PSOE contra el acuerdo del Ayuntamiento de Santiago de modificar el cuadro de personal en el año 2011, por el que fueron relegados (en 2012) de sus puestos el secretario y la interventora que estaban en la etapa anterior a la llegada del PP al gobierno local.
El gobierno municipal decidió ampliar su plantilla en tres plazas, con la incorporación de un nuevo secretario, interventor y tesorero, todos ellos de apoyo, aunque inmediatamente sólo se cubrieron las dos primeras.
Entre otros argumentos, la sentencia concluye que, cuando se aprobó el acuerdo --en febrero de 2012--, ya había entrado en vigor una Ley estatal que impedía a las administraciones públicas la contratación de personal. El fallo apunta que se trata de una "injustificada premura con la que se puso en marcha el procedimiento dirigido al incremento de la plantilla, sin esperar siquiera a que los puestos correspondientes a las plazas creadas se reflejasen en la RPT".
SE VULNERA LA LEY
Para la Sala, "resulta evidente que, con la ampliación de la plantilla aprobada, se está vulnerando" el RDLey 20/2011, porque se incrementó la plantilla de personal al figurar tres plazas por cada una de las funciones típicas de los habilitados. En este sentido, la Sala falla en sentido contrario al expresado en su informe al respecto por el Director Xeral de Administración Local.
"Por tanto --agrega-- resulta evidente que con el incremento de plantilla acordado ha tenido lugar la incorporación de nuevo personal(Juan Manuel Salguero del Valle como secretario del pleno y Juan Ramón González Carnero como interventor), que es precisamente lo que prohíbe" el artículo tercero de la mencionada ley.
Los magistrados también señalan que no se contenía ninguna referencia a que la carga de trabajo no pudiera ser acometida por los seis funcionarios previamente existentes ni a que no fuese posible demorar la ampliación de la plantilla hasta el ejercicio 2012, "pues no hemos de olvidar --aclaran-- que aquella propuesta inicial se presentó en noviembre de 2011, es decir, cuando ya quedaba poco tiempo para finalizar el ejercicio presupuestario".
El acuerdo del gobierno local fue impugnado por el entonces portavoz socialista, Xosé Sánchez Bugallo, y otros siete ediles del Grupo del PSdeG.
Según figura en la sentencia, el 25 de enero de 2012, la concejala delegada de Personal, Amelia González, se dirigió al secretario xeral del pleno para indicarle que la previsión del gobierno local era culminar la organización administrativa municipal y proceder a un cambio de los órganos directivos de la Secretaría e Intervención a fin de que pasase a ser desempeñada por otros habilitados de carácter estatal de categoría superior. Añade que lo mismo sucedió con la interventora municipal.
Así las cosas, la Sala del TSXG anula parcialmente el acuerdo del 2 de febrero de 2012, en lo que atañe a la creación de tres plazas de funcionarios, e impone al Ayuntamiento compostelano las costas, con una limitación de 1.500 euros en concepto de gastos de defensa de la parte demandante.
La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia es firme y contra ella cabe interponer recurso de casación en el plazo de los tres meses siguientes a su notificación.
DENUNCIAS POR OTRAS VÍAS
Por otro lado, la exinterventora municipal también ha denunciado su cese en la vía administrativa, mientras que el exsecretario municipal se ha personado en la 'Operación Pokémon', que entre otras cuestiones, investiga si existe relación entre estos ceses y la supuesta trama de corrupción de pago de sobornos a políticos para lograr concesiones públicos.
Ambos fueron llamados como testigos en el transcurso del litigio impulsado por los socialistas, al respecto de lo que la sala del TSXG señala que, pese a que "tanto uno como otro pueden tener interés en este asunto, porque su cese está directamente conectado a la modificación de la plantilla acordada (...), no dejarán de ser valorados estos testimonios en todo cuanto está corroborado por la documentación del expediente administrativo y de la que consta en las actuaciones judiciales" presentes.