Un muy serio aviso
El Gobierno autonómico ha sustituido la gratuidad universal de los libros de texto por una subvención restringida a ciertos segmentos de renta y cortado de golpe las peonadas en los hospitales públicos, sin que ambas medidas hayan hecho la menor mella en su electorado tradicional.
Se trata de decisiones políticas cuyos efectos sobre la opinión pública pueden ser previamente calculados, tomando las variables que participan en la confección del resultado. Entre otras, un contexto de retraimiento ciudadano, provocado por una crisis caracterizada por la caída del consumo; una atmósfera mediática en la que Feijóo se mueve casi a su antojo y la oposición encuentra enormes dificultades para colocar sus mensajes; una ciudadanía que colectivamente ha rebajado, en vez de aumentar, su nivel de exigencia en la calidad de las contraprestaciones públicas y privadas que le corresponden; y la carencia histórica de una masa crítica que ayude a marcar el rumbo del progreso.
Pero que esas decisiones no tengan efectos inmediatos o a corto plazo en contra de quienes ahora dirigen la Xunta, no les garantiza que ocurrirá lo mismo en toda la presente legislatura. Las dimensiones de los actos políticos no se refieren únicamente a la naturaleza práctica del acto en sí (por ejemplo, que los libros de texto no sean gratis o que se reduzcan el número de intervenciones quirúrgicas), se refieren también a los costes y las consecuencias que pueden generar a más largo plazo. En realidad, la prueba del nueve de una decisión política es el largo plazo.
Sin llegar al extremo del periodista inglés Walter Bagehot, uno de los más célebres editores de The Economist en el siglo XIX, de que no pueden juzgarse las consecuencias de una reforma hasta que la generación afectada por ella abandone la escena, existen pruebas abundantes sobre como el mismo acto político puede deparar resultados distintos según el tiempo transcurrido.
En la campaña electoral de las pasadas elecciones autonómicas, el candidato popular Albertó Núñez Feijóo optó por incorporar el idioma gallego a la confrontación, adoptando una posición similar a quienes postulan una educación en castellano, claramente monolingüe (aunque ocultada bajo el engañoso letrero de una Galicia bilingüe, pues bilingüe es quien sabe y usa dos idiomas), que rompe con los criterios emanados de la Lei de Normalización Lingüística, confeccionada en su día por el PPdeG y aprobada por unanimidad en el Parlamento.
La ruptura del consenso lingüístico fue partidariamente justificada por el temor de los populares a que la irrupción del partido de Rosa Díez en la arena gallega le arrebatase un número de votos significativo. Feijóo ganó por mayoría absoluta, y hubo quienes aprovecharon esa victoria para atribuirle el rango de un plebiscito sobre el gallego.
Sin embargo, pasadas las efervescencias del éxito del 1-M, Feijóo debería reflexionar sobre las altas probabilidades que existen de que el debate político sobre la lengua gallega se le acabe convirtiendo en un coste a medio y largo plazo, con efectos electorales y estratégicos muy altos. La masiva manifestación del pasado domingo en favor del gallego y en contra de la política lingüística de la Xunta es un muy serio aviso de lo que le puede pasar a este Gobierno si no recupera cuanto antes el consenso lingüístico anterior.