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El vaivén del Supremo con AJD

    LA sala de lo Civil del Supremo en su sentencia del 23 de diciembre de 2015 erró al asegurar que es el banco el sujeto pasivo de Actos Jurídicos Documentados (AJD) por la constitución de la hipoteca. Además no era competente para así manifestarse, pues correspondía a la sala de lo Contencioso-administrativo. Incomprensible.

    Como consecuencia del error se produjo entre los millones de titulares de préstamos hipotecarios aquello que Albert Camus nos decía "donde no hay esperanza, nos incumbe a nosotros inventarla" y la consiguiente frustración una vez conocida su sentencia del 28 de febrero pasado que concluía que "por la constitución del préstamo el pago incumbe al prestatario, como indica la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo". Es decir, el prestatario debe pagar el impuesto por constituir la garantía a favor del banco y el Supremo se desdice de su pronunciamiento anterior.

    Sabido es que la legislación que ampara a los consumidores remite a las normas fiscales para la determinación del sujeto pasivo de AJD y en estas no existen consumidores sino obligados tributarios, por lo que determinan que corresponde al prestatario. Además esta cuestión ya había sido planteada al Tribunal Constitucional, quien por sendos Autos de 2005 reconoció que los principios de capacidad económica y de igualdad, reconocidos por la Constitución, no resultan vulnerados por el reglamento de AJD que dispone que el sujeto pasivo sea el prestatario. Por ello nos temíamos que no existiera la controversia y que la sala de lo Civil del Supremo en 2015 había levantado falsas expectativas.

    En nuestra opinión AJD en los hipotecarios es sumamente injusto y gravoso para el prestatario. A propósito de la capacidad económica que refiere el Constitucional, en realidad se está primando al comprador que se autofinancia frente al que necesita endeudarse, una contra­dicción.

    Aún más, la base imponible del impuesto no es el principal del préstamo, sino que se incrementa con intereses ordinarios, moratorios y costas y gastos, sobre un 40 % adicional, y al ser un impuesto transferido a las comunidades autónomas, como la nuestra que lo aplica al 1,50 %, se producen diferencias que implican que en Galicia tributemos tres veces más que en Vizcaya.

    Es hora de la política. Si los tribunales no pueden corregir el desaguisado, corrijan la injusticia modificando el reglamento del impuesto. Si no lo anulan del todo, al menos reduzcan el tipo del impuesto al 0,50 % y el cálculo de la base imponible al principal del préstamo. Solo con ambas medidas la tributación por AJD se reduciría hasta un 76 % y no necesitaríamos inventar esperanzas.

    Economista

    14 mar 2018 / 21:58
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