A vueltas con el suelo rústico de protección de costas
La costa, entendida como zona terrestre en contacto con el mar, ha sido objeto de sucesivas regulaciones normativas en las últimas décadas, con el fin de hacer frente al proceso de litoralización, como fenómeno demográfico que supone el abandono progresivo de la población de las regiones interiores hacia los espacios contiguos con el mar.
La Ley de Costas de 1988 hizo frente a este fenómeno resaltando en su Exposición de Motivos, que a principios del Siglo XX sólo el 12 por 100 de la población española vivía en los espacios costeros, mientras que el 59 por 100 de los habitantes de Galicia reside en los municipios litorales según datos recogidos en el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia.
En el concreto caso de Galicia el fenómeno de la litoralización es más acusado en la Región Urbana de las Rías Bajas mientras que en la zona de la Costa da Morte se aprecia un efecto regresivo de la población derivado de una menor actividad económica, entre otros motivos, tal y como reconocen las Directrices de Ordenación del Territorio aprobadas por la Xunta de Galicia en el año 2011.
El Consello de la Xunta aprobó el 8 de octubre de 2015 el Proyecto de Ley do Solo de Galicia, que ha sido presentado en el Parlamento de Galicia para su tramitación el día 15 del mismo mes. La nueva norma pretende sustituir la regulación de la Ley 9/2002, conocida como Louga, que ha sobrevivido hasta nuestros días tras diez reformas, lo que denota la adaptación constante del legislador a la realidad socioeconómica y a las mayores exigencias medioambientales que inciden en el territorio.
El nuevo proyecto de Ley do solo actualmente en tramitación en el Parlamento de Galicia contiene importantes novedades con respecto a la ordenación de las zonas costeras. Destaca la reducción del suelo rústico de protección de costas que pasa de los 200 metros a los 100 metros desde el límite interior de la ribera del mar y a las áreas de protección costera delimitadas en el Plan de Ordenación del Litoral, identificándose con la tradicional servidumbre de protección de la Ley de Costas, siempre y cuando se trate de terrenos fuera del suelo urbano y del suelo de núcleo rural a los que no les afecta el citado límite.
Así pues, este nuevo Proyecto de Ley regresa en esencia a la redacción anterior a la Ley 9/2002, que aumentó de forma no exenta de críticas, el suelo rústico de protección de costas más allá de los tradicionales 100 metros desde el límite interior de la ribera del mar. La exégesis de aquélla ampliación del legislador de 2002 hay que entenderla en la necesidad de proteger las regiones costeras de Galicia que hasta la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral de 2011 carecían de una ordenación homogénea e integrada de la costa gallega.
El Plan de Ordenación del Litoral de Galicia ordena mediante la identificación de zonas continuas y discontinuas los usos de las regiones costeras de Galicia y lo hace más allá de los 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar, decisión cuya legalidad ha sido ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Ahora, se plantea un nuevo debate, la reducción del suelo rústico de protección de costas y su retorno a los 100 metros, lo cual incidirá en los futuros planeamientos urbanísticos que habrán de adaptarse a la nueva regulación legal, con la consiguiente repercusión en los derechos y deberes de los propietarios.
La reducción proyectada: ¿supone una mayor desprotección de los espacios costeros? o ¿resulta innecesaria la cautela de la franja de los 200 metros una vez regulados los usos de las zonas costeras por el Plan de Ordenación del Litoral?
La respuesta ha de ser objeto de una profunda reflexión parlamentaria guiada por el principio de participación ciudadana, y desde la óptica de las sostenibilidad en su triple acepción: social, económica y ambiental.
(*) El autor es doctor en Derecho Administrativo e investigador del Observatorio del Litoral de la UdC
(**) El autor es director del despacho jurídico Cabanelas de Gracia en Vigo