Xunta, patronal y sindicatos urgen al Gobierno a velar por la industria gallega

La Xunta, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y los sindicatos UGT y CC.OO. han firmado este martes el nuevo acuerdo de diálogo social a través del que insisten en demandar una "transición energética justa" que garantice la pervivencia del sector industrial en Galicia en un momento en el que se ve amenazado.

El acto de la firma del acuerdo, que se ha celebrado en el Pazo de Raxoi de Santiago de Compostela, ha servido para que todos los agentes se hayan comprometido a velar por el cumplimiento de los once acuerdos rubricados con los que se busca promover una Galicia "más igualitaria y sostenible" en el período 2019-2022.

Además, el acuerdo recoge entre sus principales objetivos "defender la igualdad de oportunidades" en el mercado de trabajo, promover "una contratación responsable" desde la Administración autonómica y apostar "por la formación y el empleo de calidad".

También hace hincapié en la necesidad de "avanzar en la transformación digital" del tejido empresarial y "profundizar en la modernización" de las relaciones laborales.

Con todo, en esta ocasión, el acuerdo pone de relevancia la importancia de proteger el sector industrial en Galicia y los puestos de trabajo ya que "sin empleo no hay futuro para el territorio", ha señalado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

El máximo mandatario autonómico, acompañado por los representantes de los sindicatos y la patronal, ha defendido que para que la comunidad cuente con una industria más competitiva "la transición, especialmente en el ámbito energético, tiene que ser paulatina, acompasada, coherente, no precipitada y justa".

Así lo defenderán desde las administraciones porque, tal y como se refleja en este acuerdo, "no es realista ni responsable pretender transformar las industrias energéticas dejando en el camino miles y miles de familias".

A través de este acuerdo, la Xunta se compromete a defender los empleos que están en riesgo por el anuncio de cierre de la central de As Pontes, de la fábrica de Alcoa y también de Ence por la "inseguridad jurídica" que afronta, así como de las empresas conserveras amenazadas por la redacción de la Ley de Costas.

Ante estos riesgos, es necesario hacer un frente común y, para ello "la Xunta y las organizaciones que estamos hoy aquí, hablamos mucho más de lo que la gente se cree" ya que aunque "por veces discrepamos, coincidimos en los asuntos básicos para el país".

El responsable de CCOO, Ramón Sarmiento, ha admitido que Galicia atraviesa "un momento complejo" por lo que necesita profundizar en la "cultura de la cooperación de los agentes económicos y políticos" que cristalicen en acuerdos de este calado.

El documento firmado esta mañana supone un "claro compromiso con la igualdad y con la transición ecológica" pero dejando claro que el futuro que se busca para Galicia "no es hacer de nuestra comunidad un campo de grelos en el que nazcan mariscos que se coman en los restaurantes de Madrid".

Por ello, se debe trabajar para conservar la industria y los puestos de trabajo de calidad que lleva aparejados, ha incidido el sindicalista.

El máximo dirigente de UGT en Galicia, José Antonio Gómez, ha coincidido en destacar que "los ejes de este acuerdo miran hacia el presente pero también para el futuro" poniendo "siempre en el centro a las personas" porque no se debe permitir que la competitividad empresarial se lleve por delante las condiciones laborales.

A su juicio, el acuerdo de diálogo debe servir para dar un impulso a la economía y para "acabar con el problema energético" para lo que "necesitamos entre todos hacer país porque no podemos permitir que estén en peligro industrias pioneras que estaban creando empleo de calidad".

Finalmente, el portavoz de la patronal de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, ha celebrado que hoy vea la luz este acuerdo "tripartito" formado por "propuestas concretas y realistas" que son más "urgentes que nunca" para dar estabilidad al empleo en Galicia.

Confía el representante de la patronal en que el acuerdo tenga una "clara repercusión directa en el bienestar" económico de la comunidad.