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El bipartito 'deroga' la publicidad de la Xunta en periodo electoral

Los socios de Gobierno consiguen sacar adelante otra de las leyes incluidas en el pacto firmado hace tres años // Prohibirán el autobombo sobre los logros de gestión de las consellerías // Touriño explica que afecta a todas las administraciones públicas y vincula a la gallega

M. C. • SANTIAGO   | 10.10.2008 
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Ana Varela (Xunta)
Pérez Touriño, ayer a la salida del Consello con los conselleiros de Traballo y Medio Ambiente y el secretario xeral de Presidencia
FOTO: Ana Varela (Xunta)

Es uno de los terrenos más espinosos de la gestión pública y campo abonado para enfrentar periódicamente a Gobierno y oposición por las luces y sombras que acarrea. En la memoria están los carteles que el PSOE colocó en Buenos Aires anunciando actos del presidente Touriño o la denuncia presentada por el mismo partido en 1997 contra la campaña que Fraga puso en marcha con el título Galicia en feitos. La ensalada de siglas institucionales y la difusión a bombo y platillo de los logros de gobierno quedarán derogados con el proyecto de ley de publicidad institucional de Galicia, que ayer aprobó el Consello de la Xunta. El texto, que fue presentado por el presidente Touriño como un "marco de control" que será de aplicación para todas las administraciones públicas y "vinculante" para la Xunta, deja fuera los convenios que las consellerías mantienen con los medios de comunicación y que, según explicó el presidente gallego, se seguirán rigiendo por la actual Ley de Contratos del Estado.

El texto, que será remitido al Parlamento, convierte en inhábil el periodo que va desde la convocatoria electoral hasta la fecha de celebración de los comicios, salvo para aquellos anuncios publicitarios que se refieran al propio proceso electoral o que se consideren de interés público.

El proyecto de ley, que recoge los principios de la legislación básica estatal, pretende regular no solo los principios básicos que deben regir en la difusión, sino también la contratación de toda la publicidad que tenga como origen cualquiera de los departamentos de la Administración autonómica.

Las prohibiciones que acotan la distribución de la tarta publicitaria que se reparte desde el Gobierno autonómico conforman un decálogo que también convierte en ilegales los anuncios que pudieran incluir mensajes sexistas, discriminatorios o que puedan incitar a la violencia. Y es taxativo en la eliminación de campañas que "induzcan a confusión" con imágenes, símbolos o expresiones que son utilizadas por organizaciones políticas o sociales.

La nueva norma, que Touriño une a las medidas adoptadas previamente para llevar la transparencia a la actividad gubernativa, rechaza la utilización de mensajes subliminales y crea la comisión de publicidad institucional como órgano competente para llevar a cabo el control y asesoramiento en este tipo de publicidad. De esta comisión formarán parte representantes de las administraciones públicas y tres expertos procedentes del ámbito académico o profesional.

Los informes que elabore esta comisión en la que descansará la distribución del pastel publicitario tendrán un carácter vinculante para todos los anuncios o campañas que partan de los departamentos autonómicos.

Críticas por el retraso

Desde las filas populares, el portavoz parlamentario del PPdeG, Manuel Ruiz Rivas, puso en relación la aprobación de este proyecto con la proximidad de las elecciones autonómicas. Según el diputado, la norma "llega tarde" y deja en evidencia a los socios del bipartito a los que, dijo, "no les interesaba aprobarla antes porque les habría impedido disputar la carrera propagandística en la que están inmersos desde 2005".

Ruiz Rivas se mostró convencido de que fue "la tensión que caracteriza la relación entre Touriño y Quintana" la que impidió que el proyecto de ley no haya salido antes adelante porque, añadió, "tanto uno como otro necesitan afianzarse ante sus respectivos electorados, que acusan un creciente descontento".

CANON HIDROELÉCTRICO

Impuesto para 45 embalses

El llamado canon hidroeléctrico, que gravará la producción eléctrica de 45 embalses gallegos y reportará a las arcas gallegas 12 millones de euros, superó ayer el trámite del Consello de la Xunta, que aprobó el proyecto de ley que, según explicó el presidente Pérez Touriño, permitirá "compensar los efectos negativos" que produce este tipo de actividad en el medioambiente.

El nuevo impuesto, tal y como explicó el jefe del Ejecutivo al término de la reunión semanal del Gobierno, no tendrá ningún impacto sobre los consumidores de electricidad y aplicará el impuesto en función de la capacidad volumétrica de los embalses de la comunidad gallega.

Los ingresos que se recauden con la aplicación del nuevo tributo autonómico tendrán un destino finalista en la reparación de los daños medioambientales y en la conservación del patrimonio natural.

Las magnitudes que prevé el texto legal se basan en el ­cálculo de un gravamen de 800 euros trimestrales que deberán abonar las empresas productoras por cada hectómetro cúbico de consumo que se registre en los embalses hidroeléctricos .

PENSIONES MÍNIMAS

Paga única de doscientos euros

Los 51.000 gallegos que son beneficiarios de pensiones no contributivas percibirán a finales de este año una paga única de 200 euros, según anunció ayer el presidente de la Xunta tras la aprobación del decreto que regula el complemento autonómico que había sido anunciado por el Gobierno en el Debate del Estado de la Autonomía de 2007. Emilio Pérez Touriño quiso destacar la importancia de este suplemento para unos pensionistas que, como máximo, están cobrando una paga de 328 euros y que les supondrá un incremento del 4,3%. El Gobierno autonómico ha consignado ya en las partidas de los próximos presupuestos un total de diez millones de euros destinados al pago de este complemento.

Galicia es, en la actualidad, la tercera comunidad autónoma, por detrás de las de Andalucía y Catalunya, que cuenta con el mayor número de beneficiarios de este tipo de prestaciones mínimas. Por provincias, es la de A Coruña la que cuenta con mayor número de este tipo de pensionistas (21.010), seguida por la de Pontevedra, con 16.900, y las de Ourense y Lugo, que cuentan con 7.340 y 5. 915 respectivamente .