CAF

La multinacional española que construye el tranvía en el Jerusalén ocupado se defiende ante Industria

Presenta un “informe independiente de impacto social” en el que se apunta que su actividad no fomenta la colonización porque es posterior

Tren ligero de la línea roja de Jerusalén.

Tren ligero de la línea roja de Jerusalén. / MATANYA

Mario Saavedra

El gigante ferroviario español CAF ha encargado un informe para evaluar su controvertido proyecto de tren ligero en Israel. Un proyecto de 1.000 millones de euros (500, para CAF) que incluye paradas en las colonias ilegales israelíes en territorio palestino. Sin embargo, en el “informe independiente de impacto social” pagado por la multinacional española y entregado al Ministerio de Industria se concluye que “las actividades de CAF en Jerusalén Oriental no sugieren un escenario de fallo de sus sistemas de debida diligencia en materia de derechos humanos”. Las organizaciones que defienden a los palestinos discrepan. Amnistía Internacional ha publicado este jueves una nota titulada: “El tranvía de CAF en Jerusalén: próxima parada, apartheid” en la que asegura que “la constructora se hace partícipe -y beneficiaria- de la ocupación”. En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU declaró ilegal el proyecto, dado que viola varias de sus resoluciones. Otras empresas ferroviarias internacionales descartaron presentarse al proyecto, según Amnistía Internacional. “CAF no solo decidió seguir adelante, sino que se ha presentado a nuevas licitaciones para dos nuevas líneas en Territorios Palestinos Ocupados”. 

Israel ocupa y coloniza militarmente territorio internacionalmente reconocido como palestino. El proyecto de tranvía ha sido calificado como ilegal por el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) recuerda, por su parte, que los trazados de las líneas de tranvía, diseñadas exclusivamente por las autoridades israelíes, se han llevado a cabo con demoliciones y expropiaciones forzosas y que el tren consolida una ocupación que el Derecho Humanitario Internacional considera ilegal.

En la Cisjordania palestina viven más de 700.000 colonos israelíes en centenares de asentamientos esparcidos por todo el territorio, defendidos por un muro de separación enorme y una fuerte presencia militar. Israel controla el grueso del territorio de Palestina: mantiene Gaza cerrada y aislada por tierra, mar y aire y lleva a cabo políticas de expropiaciones en Jerusalén Oriental, el tercer territorio que conforma Palestina. 

CAF es una multinacional con sede en Beasain (Guipuzcoa) que cotiza en bolsa y facturó en 2022 más de 3.000 millones de euros. El próximo 10 de junio celebra su junta de accionistas. El informe de la compañía responde a un requerimiento del Ministerio de Industria, que a su vez atendía una queja de CSCA. En una nota del Punto Nacional de Contacto, que adelantó este periódico, el Gobierno daba a la empresa el plazo de un año (hasta este mes de mayo) para presentar un informe independiente sobre la situación del tren ligero.

El documento presentado por la compañía en el Ministerio, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, analiza la legislación internacional relevante sobre la ocupación militar israelí (entre otras, el Convenio de Ginebra, el de Derechos Humanos de Viena o las directrices de la OCDE para las multinacionales). El consultor autor del informe, de la empresa Negocio Responsable, también visitó dos días parte de las instalaciones de CAF en Jerusalén y viajó en una de las líneas ya construidas del tranvía. Entrevistó a cuatro empleados, entre ellos dos palestinos, aunque reconoce que “los superiores jerárquicos permanecieron en la sala de reuniones todo el tiempo”. 

“Desde CAF no se van a realizar más valoraciones ni dar más detalles sobre el asunto”, ha respondido la compañía a la petición de información y comentario de este diario, además de apuntar al informe de Informe de Sostenibilidad del año 2022. En él se incluye una referencia genérica a las quejas recibidas en el Punto Nacional de Contacto del Ministerio de Industria sobre un proyecto “desarrollado en Jerusalén”, sin especificar que el problema son los tramos en Jerusalén Oriental y los asentamientos ilegales. 

Infraestructuras que consolidan la ocupación

El texto admite que el Derecho Internacional Humanitario (en concreto, el artículo 49 del Convenio de Ginebra) no permite que “infraestructuras sirvan para los desplazamientos y asentamientos de colonos”. Sin embargo, considera que en el caso del tranvía este no se aplica porque “la casi totalidad de los asentamientos son previos a la construcción de esa infraestructura” y porque se trata de “un transporte urbano de proximidad” y no “de una infraestructura ferroviaria que uniese territorios más o menos distantes y facilitase el traslado de la población” para alterar la demografía de la zona. Las líneas en disputa conectan de hecho zonas legalmente israelíes con otras que son consideradas colonias o asentamientos por Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros. 

Otro de los argumentos del informe es que el tranvía da un servicio público necesario y que lo hace sin discriminar por etnia o religión, ya que los palestinos pueden usarlo y tanto la megafonía como los carteles están en hebreo (en grande), en árabe y en inglés. En realidad, llegar al Jerusalén Oriental donde opera parte del tranvía es muy difícil para los palestinos de las ciudades de Cisjordania cercanas a la ciudad, por los puestos de control. La ocupación israelí emite tarjetas de identificación diferentes colores a los palestinos en función de si son de Gaza, Cisjordania o de Jerusalén Oriental. 

El texto asegura que el impacto del proyecto es positivo para la población local, y detalla una conversación con palestinos que aseguran que la cercanía del tranvía ha permitido el desarrollo de sus pequeños negocios. 

Socios en la lista negra de Naciones Unidas

El Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que inició la queja ante el Ministerio en 2019, discrepa tanto del espíritu como de la letra del informe. Resaltan que el socio local de CAF para levantar los tranvías es la empresa israelí Shapir, que está en la lista del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de compañías que contribuyen y se lucran de las violaciones de los derechos de la población palestina. Amnistía Internacional ha pedido a las Naciones Unidas la inclusión de CAF en ese listado, precisamente por su participación en este proyecto.

CAF se defiende asegurando que, cuando en 2019 ganó junto a Shapir el concurso, la empresa israelí aún no estaba en ese listado, de 2020. El CSCA asegura que CAF no hizo en cualquier caso la diligencia debida con su socio para el proyecto multimillonario, y que Shapir ya tenía canteras y explotaciones en los Territorios Ocupados, además de levantar viviendas e infraestructuras básicas en las colonias. Resalta que CAF Israel sigue estrechando lazos con la ocupación. Usa dos bancos, Hapoalim y First International Bank of Israel, que también forman parte del listado de empresas que se lucran con la ocupación de Naciones Unidas. Y su última fiesta de aniversario la celebraron en un asentamiento ilegal del Mar Muerto, Kalia Beach. Apuntan que CAF tiene una división de autobuses, Solaris que ha vendido recientemente 120 autobuses a la empresa israelí Egged. Esta empresa también está en la lista de Naciones Unidas, ya que es la que realiza los trayectos entre las colonias.