La cancelación del humorista Jimmy Kimmel crispa el debate sobre la deriva autoritaria en EEUU

La suspensión del programa de Jimmy Kimmel en la cadena ABC, este miércoles (madrugada del jueves en España), tras sus comentarios sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk se ha convertido en un símbolo de cómo la libertad de expresión se estrecha en EEUU bajo el mandato de Donald Trump. El caso revela la fragilidad de las normas democráticas y expone la deriva autoritaria de EEUU, mientras el presidente Donald Trump ha amenazado este viernes con quitar la licencia a todas aquellas cadenas de televisión que den voz a críticas contra él y su Administración.

Las críticas contra el humorista comenzaron de forma tímida en redes sociales y medios afines, pero pronto ganaron fuerza. Elon Musk, dueño de X, escribió que Jimmy Kimmel era "repugnante" por los comentarios que había hecho. En realidad, la sección de Kimmel no bromeaba sobre la muerte del influencer de extrema derecha, sino que ponía en duda que el presidente Trump estuviera realmente afectado por la tragedia y sugería que simplemente estaba sacándole rentabilidad política. Este viernes, Disney, la propietaria de la cadena ABC, dijo que considerará recuperar el programa de Kimmel.

Polarización

El efecto llamada de Musk, pese a ser un defenestrado de la órbita Trump, caló por completo en la red social controlada por él mismo, caldo de cultivo de desinformación y de cuentas que difunden contenidos de extrema derecha populista.

La semilla de odio de las redes sociales desató una ola de indignación que se trasladó a la esfera institucional de la Administración Trump. Miembros de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) advirtieron de que podían tomar medidas contra ABC, la cadena que emitía el programa, si no actuaba contra el presentador.

El propio Trump no tardó en intervenir. "Creo que tal vez deberían quitarles la licencia", dijo sobre las cadenas que mantuvieran en antena a Kimmel. El mensaje dejó claro que la Casa Blanca estaba dispuesta a ejercer presión directa sobre los medios. Comisionados republicanos de la FCC reforzaron la amenaza, anticipando que la suspensión del programa no sería "el último paso".

Las respuestas no se hicieron esperar. "No podemos permitir que un acto inexcusable de violencia política se convierta en la justificación para la censura y el control gubernamental", dijo Anna Gomez, al frente de la Comisión Federal de Comunicaciones, afín al Partido Demócrata, que llegó al cargo nominada por el presidente Joe Biden y cuyo mandato al frente de la FCC termina el próximo julio.

El expresidente Barack Obama fue más lejos: acusó a la Administración Trump de llevar la cancelación "a un nivel nuevo y peligroso al amenazar de manera rutinaria con acciones regulatorias contra medios que no le gustan".

Kimmel como símbolo

La decisión de Disney, propietaria de ABC, se tomó tras días de presiones políticas, inquietud entre anunciantes y tensiones con afiliadas locales. El anuncio de suspensión provocó protestas frente a la sede de la compañía en Los Ángeles. Sindicatos y colectivos de guionistas denunciaron "cobardía corporativa" al ceder ante la presión gubernamental.

La solidaridad en la industria fue inmediata. Presentadores como Stephen Colbert, Jon Stewart y Jimmy Fallon aparecieron juntos en pantalla y proclamaron: "Esta noche, todos somos Jimmy Kimmel". Un gesto que subrayó la percepción de que el caso trasciende a un solo programa y afecta a todo el ecosistema televisivo estadounidense.

Kimmel, que construyó su carrera en la década del 2000 con un humor irreverente y políticamente incorrecto, se ha convertido en los últimos años en una de las voces más críticas contra Trump y el movimiento MAGA. Su suspensión lo proyecta ahora como algo más que un cómico polémico: ha pasado a ser un símbolo de resistencia cultural frente al intento del poder político de marcar los límites del discurso público.

Cultura de la cancelación

Después de que Trump criticara durante una década la llamada "cultura de la cancelación", en referencia al excesivo uso de palabras políticamente correctas que consideraban que atentaba contra su libertad de expresión, ahora la derecha ha promovido un giro semántico para justificarse: lo llama "cultura de las consecuencias", con la idea es que el que la hace la paga. 

Este giro diálectico se trata de un doble rasero para expertos en discurso político: quienes denunciaban la censura como amenaza a la libertad de expresión la aplican ahora con apoyo del aparato estatal. Además, la clave es dónde empiezan estos movimientos. En este caso, no sale del pueblo sino que la presión llegó primero desde el propio Gobierno es después que se expande en redes. Para los críticos, no se trata solo de un debate cultural, sino de un endurecimiento autoritario que utiliza el poder del Estado para acallar a voces disidentes.

El caso de Kimmel sienta un precedente inquietante. Demuestra cómo la combinación de campañas mediáticas y presiones oficiales puede forzar a una de las mayores compañías de entretenimiento del mundo a retirar de pantalla a uno de sus presentadores estrella. La batalla por la democracia y la libertad de expresión en EEUU se libra, esta vez, en el terreno de la televisión nocturna.

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