Los vecinos de Ames son tan ricos que hasta pagan de más
Levantar la mano en una votación de un pleno para subir los recibos de los vecinos es fácil cuando uno tiene un buen sueldo. Y eso sucedió en Ames cuando se aprobó el encarecimiento del Impuesto de Bienes Inmuebles, el conocido por todos como la Contribución. Aquella sesión ya había sido polémica por la convocatoria irregular de los concejales del Partido Popular, tal y como ratificaron los juzgados.
Lo peor de todo es que después de ser aprobada dicha subida, y cobrada, un juez decidió anularla. El equipo de gobierno apenas le dio publicidad a esa sentencia –realmente el Ayuntamiento de Ames se hace el remolón a la hora de publicarlas ya que casi todas son en su contra–, aunque lo más grave es que no se cursó ningún tipo de aviso a los vecinos para explicarles la forma en que podrían recuperar su dinero.
Para recibir lo cobrado indebidamente tendrían que presentar un recurso en el plazo de tres meses. Pero el alcalde, tanto el de antes como el de ahora, y su equipo estuvieron callados. Hasta que el tiempo transcurrió agotando la posibilidad de reclamación.
Los vecinos perdieron su dinero por la negligencia o la mala fe de quienes tenían que velar por sus intereses, que son los mismos que reciben un sueldo generoso que les permite el lujo de no inmutarse si perdonan esa cantidad que ya ha sido abonada.
José Blas García Piñeiro (PSOE), 60.426,57 euros al año (5.035,55 al mes); David Santomil Mosquera (BNG), 40.909,82 euros al año (3.409,15 al mes); Luisa Feijóo Montero (PSOE), 40.909,82 euros al año (3.409,15 al mes); Gemma Otero Uhía (Contigo Podemos), 40.909, 82 euros al año (3.409,15 al mes); Víctor Manuel Fernández Prieto (PSOE), 35.455,28 euros al año (2.954,60 al mes); Ana Belén Paz García (PSOE), 30.000,46 euros al año (2.500,03 al mes); Natividad de Jesús González Rodríguez (BNG), 30.000,46 euros al año (2.500,03 al mes); Beatriz Martínez Domínguez (PSOE), 30.000,46 euros al año (2.500,03 al mes); Manuel Lens Cernadas (PSOE), 35.455 euros al año (2.954,60 al mes); Susana Señorís Rodríguez (PSOE), 30.000,46 euros al año (2.500,03 al mes); Escarlata Pampín López (BNG), 30.000,46 euros al año (2.500,03 al mes); Santiago Márquez Noya (PSOE), sin retribuciones; Vanessa Vidal Freire (Contigo Podemos), sin retribuciones.
Estos son los concejales que hicieron posible la subida del recibo del IBI, que lo cobraron y que ahora no parecen dispuestos a devolver lo que no les corresponde haciendo que el Ayuntamiento se quede con casi 800.000 euros arrebatados del bolsillo de sus vecinos, a los que no sé como podrán mirarle a los ojos a partir de ahora. Quizá actuaron así porque el dinero es necesario para que cobren sus magníficos sueldos –todos salen de las arcas municipales a excepción del correspondiente al alcalde, José Blas García, que cobra de la Diputación de A Coruña–.
Y atención al recibo de este año, porque como venga con el mismo precio del ejercicio anterior, en el que se aplicó la subida anulada por un juez, ya será todo un escándalo. Por inmoral e irresponsable y por traicionar la confianza de aquellos que le dieron su voto y del resto de habitantes del municipio, que a partir de ahora bien podrían caminar por las calles con los brazos en alto por aquello de simular un atraco.
Y es que quizá a estos responsables municipales no les parezca una cantidad digna de reclamar, pero los recibos que menos subieron lo hicieron en veinte euros y hay otros en los que la diferencia llega a mil euros. No tiene lógica que el que tiene que mirar por los vecinos sea quien le ponga zancadillas y le meta la mano en su cartera para llevarse para las arcas municipales un dinero que sabe que no es suyo. Como si en Ames fuesen todos ricos.
Es cierto que me está sorprendiendo de forma positiva el nuevo alcalde de Ames, que se nota que intenta tender puentes con ayuntamientos vecinos y organismos oficiales. No parece la misma persona de hace apenas un año.
Si realmente quiere demostrar que es un aliado de los vecinos tiene ahora una oportunidad inmejorable buscando la fórmula para devolver lo cobrado indebidamente y, por supuesto, emitiendo el recibo de este año sin subida.
Hasta su tocayo Blas, el de Barrio Sésamo, lo explicaba a la perfección, aunque quizá estos concejales sean de otra generación en la que ese espacio didáctico ya no se emitía. Si uno entrega dinero de más al tendero tiene que recibir la vuelta, el cambio. Sin necesidad de solicitarlo por escrito. Es lo lógico. De sentido común. Y de personas legales.
Porque de persistir en su intención de no devolver el dinero ya solo queda que los vecinos que voten a alguno de estos concejales en Ames metan en el sobre con su papeleta un billete de diez euritos (aunque, a la vista de sus sueldos, quizá les parezca poco). Ellos se lo agradecerán.
El hasta ahora alcalde de Oroso, Manuel Mirás, se despide de su sillón de regidor. Cuando llegó a la política, hace nada menos que 38 años, nadie sabía que era eso de Oroso. se conocía Sigüeiro, pero ¿Oroso? Él fue capaz de situar ese nombre en el mapa y transformar todo el municipio.
Aquellas personas que conocían el Sigüeiro de hace poco más de treinta años hoy no reconocerían sus calles, ni el paseo fluvial, ni siquiera el consistorio. Es otro Sigüeiro.
Pero es que además de ganar vecinos, hoy en día la localidad está comunicada por medio de un enlace con la autopista que fue un auténtico quebradero de cabeza para Manuel Mirás hasta que lo consiguió. Con todas sus virtudes y sus defectos, nunca dejó de buscar el beneficio del vecino, como con la transformación de un polígono industrial que nació con la idea de crear empleo y es hoy una referencia en toda Galicia.
Manuel Mirás se va pero deja en su pueblo su huella en forma de modernidad y crecimiento. Y eso es difícil de conseguir. El municipio y sus vecinos siempre estarán en deuda con él.
Los hosteleros lo están pasando muy mal. Las consecuencias de la pandemia los está matando. Es cierto que ahora tienen un horario más amplio, pero eso no quiere decir que tengan más clientes o que las cosas vayan mejor ya que cada vez que quieren respirar aparecen nuevos obstáculos.
La Xunta obliga a realizar una reserva para las cenas, pero en ningún sitio explica como debe actuar el propietario del restaurante si después ese cliente no aparece.
El problema que surge ahora es que hay mucha gente que reserva por teléfono y después no se presenta. Ante la tardanza, el hostelero llama al número facilitado por el supuesto cliente y normalmente no recibe contestación. Ni descuelga.
Lo peor es que por contar con esa mesa se dejaron de atender las peticiones de otros clientes por falta de espacio y se ve en mitad del servicio con medio comedor vacío cuando podía estar lleno. ¡¡Qué triste que un día que prometía ser bueno se convierta en una pesadilla!!
Y ya el colmo es que ese hostelero compre mercancía en función de esa supuesta ocupación que después no se cumple. ¿Qué hace con esos pescados, mariscos, carnes o verduras?
En los restaurantes más selectos viven esta situación con más frecuencia y al ser comedores con plazas muy limitadas el castigo se agudiza más. En otros lares a la hora de reservar solicitan un número de tarjeta de crédito a la que se cargará una cantidad determinada en caso de no presentarse. Pero si los clientes ya son reacios a facilitar el DNI y el teléfono, ¿quién es el guapo que le pide el número de su tarjeta de crédito?
Y no sería más que un parche a un grave problema de educación y de falta de empatía con unos empresarios que necesitan trabajar y facturar.
Pero somos tan egoístas que si estamos de vinos y lo pasamos bien decidimos en el momento no acudir al local en el que habíamos reservado previamente. Sin pensar en el daño que se ocasiona. O lo que es peor, si llueve decidimos quedar en casa en vez de ser fieles a nuestro compromiso.
El restaurante tiene el número de teléfono desde el que se realizó la reserva. Nada más. Y quizá desde la propia Administración habría que habilitar una fórmula para buscar al causante de esa falta de respeto con la consiguiente pérdida económica. Incluso elaborar una lista negra con esos supuestos clientes que no merecen que se les admita reserva alguna en toda Galicia después de fallar una y otra vez.
¿De verdad que vivimos en el país de los carotas? Ese calificativo quizá se queda corto. Con motivo de la festividad de la Ascensión fui testigo de como en un restaurante quedaban vacías tres mesas reservadas previamente. Me pareció un insulto, una falta de empatía con el que lo está pasando mal. Y por supuesto un acto propio de alguien que solo se merece calificativos despreciables. Y lo peor es que no es un hecho aislado. Sucede a diario en casi todos los restaurantes.
A lo mejor la Xunta se debe replantear eso de las reservas y anularlo. Al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia para que a mediodía no sea obligatorio reservar y a la noche sí? Lo de las reservas no beneficia a nadie. Al contrario, obliga a aceptar la palabra de alguien que después no cumple y resta más de lo que suma. Esa obligación se está convirtiendo en un hándicap más para un hostelero que ya no sabe en donde almacenar tantos problemas.