Recusados por “enemistad manifiesta”

Nadie se lo explica. Pero si un día se proclamó desde Jerez de la Frontera que la Justicia era un cachondeo, ahora va a resultar que algunas oposiciones también lo son. Nos referimos a la que se organizó en el Concello de Ames, siendo alcalde José Miñones, para cubrir un puesto de técnico de secretaría. Ya entonces se hicieron apuestas y una de las opositoras a punto estuvo de presentarse en la notaría veinte días antes de la fecha señalada, declarando que esa plaza estaba adjudicada a una de las otras aspirantes. Sí lo hizo ante testigos. Y acertó.

Por fortuna, el Juzgado en primera instancia y en apelación anuló la decisión y el Tribunal Supremo no entró al trapo dando por buena la primera sentencia.

Pero mucho antes de la judicialización, una de las afectadas recurrió ante el alcalde esgrimiendo idénticos argumentos. El hoy delegado del Gobierno, José Miñones, hizo caso omiso. Pudo haberlo resuelto porque disponía de idéntica información que los magistrados, pero no lo tuvo en cuenta. Nunca se sabrá si con mala intención o sin ella, pero el hecho cierto es que se equivocó, y fue desautorizado por la implacable acción de la Justicia. Un episodio infame porque se jugó con el mérito y la capacidad del resto de las aspirantes en favor de quien resultó beneficiada.

IMPARCIALIDAD. Y ahora resulta que las mismas personas que formalizaron el desaguisado vuelven a juzgar a las entonces aspirantes. ¿Alguien en su sano juicio cree en su imparcialidad? La historia es muy truculenta y se remonta a más de seis años atrás. La aspirante que recurrió a los tribunales, María Ofir Aboy García, funcionaria en Ames, ejercía como técnica y en 2015 presentó una demanda ante el juzgado en reclamación de cantidades por realizar tales funciones. Le dieron la razón. Realizaba ese trabajo y en agosto de ese mismo año actuó como secretaria accidental, participó en las mesas de contratación y también en las de negociación. Miñones llega a la alcaldía, Ofir Aboy reitera la petición de reconocimiento de categoría, y a partir de ahí todo se precipita. Alcalde nuevo, y a cortar cabezas.

Se intenta cambiar la relación de puestos de trabajo y se convoca una plaza interina de técnico de Secretaría, trabajo realizado hasta la fecha por la demandante. Se presenta otra joven que tiene contrato externo en vigor con el Ayuntamiento. Antes había pasado por el departamento de Disciplina Urbanística. Se realiza el primer examen, y la mejor nota la obtiene Ofir Aboy. En el segundo, y sin aviso previo a las aspirantes, la temática puesta sobre la mesa se refiere a disciplina urbanística, nada que ver con las funciones específicas de un técnico de Secretaría, y además con dos asesoras jurídicas en el departamento de Urbanismo que se dedican a lo mismo. Se corrigen de forma arbitraria y con falsedades las respuestas acertadas de Aboy y se otorga la plaza a la trabajadora con un contrato de servicio para realizar otras funciones. Resuelven ilegalmente su hasta entonces contrato en vigor, y la nombran funcionaria sin cumplir con la Ley de Incompatibilidades. O sea, una chapuza monumental.

UNA MENTIRA. María Ofir realiza alegaciones ante el tribunal examinador. Resuelven que no tiene razón con el informe de un vocal que, ¡asombroso!, miente al referirse a la respuesta dada en el examen (se comprueba al analizar lo escrito por la opositora). Esta recurre al alcalde Miñones. La respuesta es que “no tiene razón” (no estuvo fino el regidor, hoy delegado del Gobierno. La justicia dice lo contrario). Recurre al Contencioso y sí le dan la razón. Apela la persona que consiguió la plaza y en segunda instancia vuelven a ratificar que la razón corresponde a María Ofir. Apela la opositora al Supremo, y se desestima. O sea, todos los pronunciamientos son favorables a quien fue expulsada de mala manera. La defensa corrió a cargo de la letrada Leo Villar, del despacho Sabín Abogados., en Santiago de Compostela.

Y ahora, por obligación judicial, tiene que repetirse la segunda parte del examen como consecuencia de haberse vulnerado las más elementales normas de aplicación en cualquier oposición digna. Sencillamente, la de que las reglas del juego no pueden cambiarse nunca sobre la marcha, sin advertir a todos los opositores con suficiente antelación. El Tribunal sentenciador que dio la razón a María Ofir Aboy argumenta en la fundamentación jurídica del TSXG sobre el proceso selectivo llevado a cabo diciendo textualmente lo siguiente: “No se cumplieron transcendentales garantías que inciden en la objetividad del proceso, así como en los principios de mérito y capacidad, al generarse relevantes dudas sobre el hecho de haber sido seleccionada la aspirante con mejores aptitudes para el desempeño del puesto convocado.”

La desconfianza resulta inevitable: ¿Es creíble que el mismo tribunal vaya a actuar de buena fe con idénticas aspirantes tras las degradantes irregularidades del primer proceso selectivo? Si los fallos cometidos han sido por ignorancia o desidia, malo. Si la intención era otorgar la plaza “a dedo”, todavía es muchísimo peor.

Cabe suponer que cuatro secretarios y un asesor jurídico están suficientemente preparados para realizar con eficacia su trabajo. Pero no ha sido así. Los cinco, con experiencia en sus funciones, deberían ser profesionales ecuánimes, fieles servidores de la ley y poco dados a realizar mal su función. Esa es la teoría, pero como se encargó de corregir la Justicia la cruda realidad es que no lo han hecho bien. No se sabe si con buenas o malas intenciones.

UN TRIBUNAL LIMPIO. Llegados aquí, queda claro que lo procedente es que se constituya otro tribunal, “limpio” de dudas y recelos. Se demostró que lo hizo rematadamente mal, perjudicando a terceros, provocando ansiedad, arrojando desprecio y destrozando amargamente una trayectoria profesional íntegra.

Si los 5 examinadores y un alcalde resolvieron mal por ignorancia, sería tremendo. Si fue por negligencia, mucho peor. Y si la decisión fue adoptada por razones espurias, un auténtico desastre. Ya queda poco en quien creer. De lo ocurrido se desprende que deberían inhibirse en la segunda parte del trabajo. Alguien que lo hizo tan mal no debería ser juez y parte de nuevo en esa oposición, ya para siempre viciada y maldita.