Alquilan montes vecinales para una explotación minera de caolín

Los proyectos mineros de Galicia parecen destinados sino al fracaso si a la polémica. En cuanto se anuncia la posibilidad de que se retome alguna explotación enseguida aparecen colectivos que dicen ser ecologistas para ponerse en contra y presionar a la Administración con el fin de que no otorgue autorización alguna sea cual sea el proyecto.

Entre los casos más recientes está el de la mina de Touro-O Pino, en donde la empresa que opta a encargarse de la extracción de cobre se compromete a tener especial cuidado con el medioambiente como demuestra con iniciativas que lleva a cabo en otras de sus minas. Y además, presenta un plan que contempla un circuito cerrado para que el agua circule y no tenga posibilidad de contaminar ninguno de los ríos cercanos.

Y es más. Incluso se compromete a recuperar el terreno con los mayores adelantos en políticas verdes en el momento en que caduque su licencia de explotación.

Hace apenas unos días se conocía una noticia que bien pudiera transformar la política referente a los derechos de explotación. Los miembros de la comunidad de montes vecinales de Cervo se unían a los de Burela para dar luz verde al contrato con la empresa Euroarce Caolines, la división de minas del grupo aragonés Samca, que pretende reabrir, con todas las garantías de seguridad actuales, la histórica explotación de caolín de la comarca.

El acuerdo es claramente beneficioso ya que propone a los comuneros el alquiler de los terrenos durante treinta años y su devolución, al finalizar el proyecto, totalmente restaurados. Es más, incluso sufrirán una transformación positiva que ningún ecologista podrá rechazar ya que desaparecerán los eucaliptos que ahora ocupan el monte.

En el caso de esta mina de caolín de A Mariña lucense, los comuneros están a favor por lo que la contestación vecinal se supone que apenas tendrá repercusión aunque siempre correrá el riesgo de que suceda como en otros sitios en los que se sumaron a las protestas personas de lugares lejanos a las que en nada afectaría la presencia de la mina, pero a los que conquista el hecho de enarbolar la bandera ecologista aunque suponga la muerte de muchas zonas del rural que verían aliviada su situación con la creación del empleo de la mina.

Algo similar a lo que pasa en Cervo y Burela podría suceder en Touro-O Pino si se reactiva el proyecto de explotación de la antigua mina de cobre con todas las garantías exigidas por la garantista legislación española y europea.

Según los cálculos realizados por una consultora independiente (y publicados en el expediente ambiental del proyecto minero), la superficie forestal que se vería afectada es de unas 278 hectáreas, que generan 200.000 euros al año (3,2 millones de euros en ciclos de quince años, sin contar gastos).

Se podría comparar esta cifra, por ejemplo, con los 10,5 millones de euros año (147 millones de euros en la vida del proyecto) en nóminas que pagaría la empresa a sus empleados si la mina se pone a funcionar. Esta cantidad quedaría fundamentalmente en el entorno, y no incluye otros impactos económicos positivos como los generados en contratistas, empresas auxiliares, empleo inducido, gastos, impuestos...

La empresa promotora aseguró, antes de recibir el dictamen de la Administración, contar ya con la firma de más de la mitad de los propietarios que estarían a favor de la puesta en marcha del proyecto.

Comarcas deprimidas en las que la tónica general es la ausencia de industria y la dependencia de alguna ciudad cercana no deben dejar pasar la oportunidad de contar con un motor económico a la puerta de casa que después favorezca a otros negocios del propio municipio e incluso de los limítrofes.

Explotar los recursos propios de un país y no depender de fuentes externas, de forma sostenible y medioambientalmente responsable, debería ser no solo una prioridad en un contexto de absoluta incerteza sino una obligación para cualquier sociedad en el momento actual.

Y no se trata de cambiar medioambiente por empleo, sino de explotar nuestros recursos exigiendo a las empresas todas las garantías y dejando hablar a la propia comunidad, no a plataformas o grupos que se erigen como portavoces de una mayoría cuando, en realidad, representan a una parte que incluso en muchas ocasiones se mueve por intereses políticos o partidistas.

Las empresas mineras deben cumplir todos los preceptos dictados por la ley, incluidos los medioambientales, y estar sometidas a las inspecciones necesarias para garantizar que así lo hacen. A partir de ahí las protestas y los pataleos, sean del color que sean, no tienen razón de ser.

¿Y si apareciera petróleo en Touro? ¿Algún vecino dejaría pasar la oportunidad? El cobre es su petróleo, la mina su oportunidad y el ejemplo de Burela y Cervo una demostración de como se pueda apostar por la vía de la explotación minera con un retorno económico garantizado y la recuperación del terreno al final de la concesión.