Opinión
José Antonio Pena Beiroa
Encuentros en la cuarta fase
Primera fase. Un grupo de veintiún fabricantes del sector del automóvil, asesorados por dos sociedades de consultoría, acuerdan el intercambio de información confidencial, futura y estratégica en las áreas de gestión empresarial, posventa y márquetin en un período que se inicia en febrero de 2006. Los fabricantes consorciados representan el 95,1% del mercado y seis de ellos, que conforman grupo, copan el 73% del mercado total.
Segunda fase. El principal grupo de ese mercado es, con una cuota del 22% del mismo, el que vende Audi, Porsche, Seat, Skoda y Volkswagen. Cuenta con experiencia en el cártel de los camiones que se extendió, a nivel europeo, entre 1997 y 2011. Su filial MAN logró evitar las fuertes sanciones al ser el chivato que denunció la existencia del cártel.
En el de los automóviles fue SEAT el confidente, al solicitar el 23 de junio de 2013 a la Comisión Nacional de la Competencia una solicitud de exención del pago de la multa por la comisión de una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Así esa marca y las del grupo se ahorraron 40 millones de euros.
Tercera fase. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 23 de julio de 2015 dicta resolución por la que sanciona al resto de fabricantes con sanciones que suman más de 131 millones de euros. El Tribunal Supremo, entre abril y junio de este año, desestima los recursos de los fabricantes contra esa resolución, debiendo abonar el importe de la sanción.
Cuarta Fase. La Administración ha finalizado su tarea. Presuntamente ha velado por la defensa de la competencia sancionando a los fabricantes. Pero lo cierto es que en el período de duración del cártel se vendieron más de siete millones de coches por un precio global de más de 125.000 millones de euros, sobrecoste incluido, que podría haberles generado un lucro de más de 10.000 millones de euros.
Lo lógico sería que los fabricantes, además de la sanción, fuesen obligados a retornar a los compradores el sobreprecio. Pues no. Si algún perjudicado pretende ejercer ese derecho deberá acudir a los juzgados, acreditar ante ellos la existencia del cártel, justificar documentalmente el perjuicio sufrido, para, según los análisis del especialista en derecho de la competencia en el comparable cártel de los camiones, Francisco Marcos, probablemente no recuperar más del 5 % del precio pagado.
No es mal negocio para los fabricantes. Pagar 131 millones de sanción y ganar un mínimo de 5.000 millones por el resultado del cártel. Gratis total si, además, eres el delator. Si no se repara el daño, volverá a suceder.
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