PROBABLEMENTE ha sobreactuado el Gobierno al tildar a Aznar de “golpista” por sus declaraciones en contra de los acuerdos, amnistía incluida, que a buen seguro se están debatiendo entre el Ejecutivo en funciones y Junts; o, más bien, entre Sánchez y Puigdemont. También Felipe González se pronunció en contra, al igual que exdirigentes del PSOE como Guerra, Almunia, Eguiguren, o Redondo Terreros, y líderes territoriales en activo como García-Page o Lambán.
El Gobierno no puede descartar ni vilipendiar ni destituir a todas las voces que se alcen contra esos pactos, o que expresen temor ante las exigencias inconstitucionales de los independentistas catalanes. En primer lugar, no puede hacerlo porque en la democracia española existe la libertad de expresión; y, en segundo lugar, porque esas voces a derecha e izquierda representan el sentir de una buena parte de la ciudadanía que se opone a conceder ciertas prebendas a partidos como Junts, ERC, o Bildu, a cambio de apoyo parlamentario.
Sánchez y sus socios estaban acostumbrados al silencio y la aquiescencia corderil que había prevalecido durante su mandato, incluido el de los sindicatos, pasivos ante la subida de precios, la inflación, la violencia de género, o la reducción de penas tras la aprobación de una Ley fallida. Ahora se escandalizan por la decisión del PP, que baraja una manifestación (o “un acto de partido”, como prefieren llamarlo) contra la amnistía. No parece tan grave que la ciudadanía se movilice en contra de un procedimiento que, además de contravenir el dictamen de los tribunales que ya se pronunciaron sobre los hechos acaecidos el 1 de octubre de 2017 y señalaron a los culpables, implica un tratamiento desigual de los ciudadanos españoles. A nadie se le escapa que son muchos y muchas las personas que en España cumplen condenas por delitos mucho menos graves, y nadie se preocupa no ya de amnistiarlos, sino incluso de indultarlos.
Así pues, es comprensible que ciudadanos de derechas e izquierdas, que apoyan la unidad de España y su sistema constitucional, democrático e igualitario, propongan fórmulas tan pacíficas como una manifestación, para expresar su opinión y su preocupación. No deben pensar nuestros líderes de izquierdas que las protestas y las movilizaciones son sólo cosa de ellos; o que los votos que recibieron, incluso desde la izquierda, constituían una carta blanca para esa amnistía y esa vía unilateral que ellos mismos rechazaron durante la campaña electoral. Y si ninguna de las dos reivindicaciones de los independentistas va a ser concedida (ni amnistía ni autodeterminación), que lo digan alto y claro; porque lo que no puede hacer la sociedad es asistir como convidada de piedra a unas negociaciones que nos costarían mucho dinero público, y podrían conllevar pactos inconstitucionales y desigualdad entre españoles.
