ESTA SEMANA se ha presentado el informe anual de Ardan-Zona Franca de Vigo. Bajo la excelente coordinación de Susana Lama, en la parte de la zona franca, y Belén Fernandez-Feijóo, por la Universidade de Vigo, se ofrece un análisis de las empresas gallegas riguroso, completo y poliédrico, para hablar de sostenibilidad ambiental, igualdad de género, o internacionalización, entre otras muchas cuestiones. A mí me ha tocado dibujar el escenario general. Y lo he hecho adoptando una perspectiva temporal más amplia. La pandemia, la invasión de Ucrania y la crisis de precios conforman un escenario que ha venido a concretarse en un continuo temporal, en una policrisis que conviene analizarla de forma conjunta. Porque la comparación entre causas y efectos y entre modalidades de respuesta pública y privada ayuda a entender mejor de dónde venimos y hacia dónde vamos en lo económico. Mi capítulo puede sintetizarse en los siguientes mensajes principales.

El impacto de la pandemia en el Producto Interior Bruto (PIB) español ha sido enorme, con una caída estimada en 2020 solo superada por el desplome durante la Guerra Civil en 1936. No obstante, la recesión ha sido comparativamente menos severa en Galicia que España debido, en gran medida, a las diferencias en el peso relativo sectorial. En particular, en la economía gallega pesan más sectores menos afectados, como el agroalimentario, y menos el turismo y la hostelería.

En términos de empleo, la recuperación ha sido más rápida e intensa que en el PIB. Galicia y España tienen actualmente un volumen de empleo superior al registrado antes de la pandemia. Sin duda, los ERTEs han sido una herramienta clave para la rápida reactivación de la actividad de las empresas. Además, la reforma laboral aprobada a finales de 2021 ha reducido significativamente la tasa de temporalidad, lo que beneficia tanto a los trabajadores como a las empresas al promover la estabilidad y el compromiso mutuo en las relaciones laborales y las ventajas que se derivan de ello. Las empresas precisan flexibilidad para ajustar su capacidad productiva a la demanda. Pero la temporalidad extrema que caracterizaba al mercado de trabajo español hasta hace poco no es el mejor camino ni individual ni colectivo.

La tasa de inflación comenzó a subir en el segundo semestre de 2021 por las tensiones provocadas por la reactivación tras la hibernación parcial que supuso la pandemia y por los cuellos de botella en las cadenas logísticas globales. Pero ha sido la invasión de Ucrania el factor causante del episodio de inflación alta que hemos atravesado y no hemos abandonado todavía. La menor dependencia del gas natural ruso y la aplicación de la llamada “excepción ibérica” ha hecho que la tasa de inflación interanual haya caído antes en España y en Galicia en comparación con el resto de la Unión Europea.

La desigualdad aumentó abruptamente al comienzo de la pandemia, pero las medidas de intervención pública, en particular los ERTEs y las ayudas a autónomos, evitaron un aumento sustancial de la desigualdad. De hecho, desde finales de 2021, la desigualdad es ligeramente inferior a la existente antes de la pandemia. No obstante, es verdad que cuando pasamos de rentas nominales a poder adquisitivo, la carestía de los alimentos penaliza comparativamente más a las rentas más bajas y es posible que los indicadores al uso cuando se habla de desigualdad no están capturando bien este efecto.

En general, las respuestas públicas a las crisis recientes, incluida la pandemia de COVID-19 y la crisis derivada de la invasión de Ucrania, han sido más intensas y acertadas en comparación con la Gran Recesión. A escala europea, la policrisis que ha afectado a la Unión Europea en el período 2020-2023 ha justificado la suspensión temporal de las reglas fiscales y ha motivado la implementación de un programa extraordinario de compra de bonos de deuda pública y privada para asegurar los recursos financieros necesarios. Por su parte, España ha invertido significativamente en la respuesta a la pandemia, con medidas de gasto e ingresos equivalentes al 8,4% del PIB, junto con préstamos y avales que suman el 14,4% del PIB. Se han tomado medidas para fortalecer los servicios sanitarios, educativos y sociales, así como para proporcionar apoyo a empresas a través de programas de mantenimiento de rentas y créditos avalados por el ICO. El gobierno central ha actuado como paraguas de los gobiernos autonómicos, proporcionando recursos y liquidez para los servicios públicos fundamentales.

Las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de precios derivada de la invasión de Ucrania son de magnitud menor en comparación con las derivadas de la pandemia, pero incluyen una variedad de acciones para compensar rentas y subidas de costes. Aunque son acertadas las críticas sobre la falta de focalización en los colectivos más vulnerables y una cierta contradicción con el objetivo de la transición hacia una economía más verde y descarbonizada, la realidad es que son medidas muy similares a las adoptadas en la mayoría de los países europeos.

En el plano microeconómico, el efecto de la pandemia fue sustancialmente más importante que el de la invasión de Ucrania en términos de organización empresarial. Un tercio de las empresas declaran un efecto nulo debido a la invasión, mientras que la cifra se reduce a un sexto cuando hablamos de la pandemia. La caída de la demanda fue un factor importante en el impacto negativo de la pandemia, mientras que el aumento de costes fue más relevante en el caso de la invasión de Ucrania. Las empresas fortalecieron herramientas y protocolos digitales, aumentaron el uso de canales en línea con los clientes y ampliaron el teletrabajo. Los créditos avalados por el ICO y los ERTEs son percibidos como las herramientas más importantes y útiles por las empresas.

Pasando ya al terreno de las oportunidades, Galicia se encuentra en una posición envidiable en términos de potencial para la producción eólica, solar, hidroeléctrica y mareomotriz, lo que la convierte en un posible líder regional en Europa. Para concretar esta oportunidad, y hacerlo de forma inteligente, maximizando los beneficios de la transición energética, es necesario abordar tres desafíos: evitar una instalación desordenada de parques, desarrollar un complejo industrial en el sector de energías renovables con actividades de I+D+i, y asegurar que un porcentaje significativo de los beneficios se quede en Galicia a través de tasas, impuestos y, de forma más novedosa, mediante la participación en el capital de los proyectos.

La actual ola de digitalización es potencialmente muy positiva para economías periféricas como Galicia, al difuminar las ventajas de la aglomeración y permitir la configuración de nuevos polos de la red en espacios menos congestionados. Para ello, es crucial mejorar las infraestructuras, tanto en lo que se refiere a la red interna como a la oferta de grandes centros de datos, así como aprovechar las capacidades científicas y de transferencia de las universidades y el tejido empresarial para impulsar la estrategia de digitalización.

Finalmente, en el caso del sector agroalimentario, en el centro de la agenda debe figurar la recuperación de tierras fértiles hoy abandonadas, la apuesta por los productos de calidad y alto valor añadido, la estrategia de marca común, la trazabilidad y sostenibilidad, y el fortalecimiento de cadenas logísticas para dar solución a las necesidades de productores de tamaño limitado que, a su vez, deberían explorar fórmulas de cooperación.