La amnistía que rechazó Miguel de Unamuno

HACE 99 AÑOS, el dictador Miguel Primo de Rivera concedió una amplia amnistía a centenares de condenados por diversos delitos y faltas. La Gaceta de Madrid publicó un real decreto el sábado 5 de julio de 1924, que otorgaba el perdón de Alfonso XIII para conductas penales muy diversas. Entre los indultados “todos aquellos a quienes las Autoridades civiles y militares, en el ejercicio de sus atribuciones extraordinarias, hubiesen obligado a cambiar de domicilio y residencia. Dichos interesados podrán desde la publicación de este Decreto, residir donde lo tengan por conveniente”.

Para todo el mundo, aquella amnistía dictatorial tenía por encima de todo un destinatario claro: el exrector de la Universidad de Salamanca Miguel de Unamuno, confinado en Fuerteventura en virtud de real orden de destierro del 20 de febrero de ese mismo año, junto con el ex diputado republicano Rodrigo Soriano. Ambos opositores a la Dictadura seguían la estela de otros liberales recalcitrantes, también deportados a esa isla canaria desde el siglo XIX.

Aunque la policía les entregó a ambos condenados el telegrama del subsecretario de Gobernación que trasladaba el acuerdo de amnistía, por el que tenían libertad de volver a sus domicilios o residir en el punto que tengan por conveniente, Soriano firmó la orden que levantaba el destierro, pero Unamuno se negó a hacerlo, según Ramón Castañeyra Schamann, un isleño que le había acompañado durante su estancia, testimonio que recoge el reciente libro Fuerteventura 1924 de Çarmelo C. Torres.

Desde su deportación, el escritor del 98 había insistido machaconamente en que debía ser el Estado el que costease los gastos de su destierro. No debe olvidarse que el Directorio militar le había suprimido sus retribuciones como docente en Salamanca. De hecho, reclamó al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes que le reintegrase en sus dos cátedras. “que le quitaron sin declaración de culpa”, instancia archivada por el propio dictador en 1925, según la flamante obra de los esposos Rabaté Unamuno contra Miguel Primo de Rivera.

Por lo tanto, Unamuno rechazaba la amnistía porque consideraba la pena de destierro totalmente arbitraria: “...sin oír mi defensa...” llegará a escribir en una carta abierta. Contrario a pedir nada “por merced o por gracia” como le cuenta a su esposa Concha Lizárraga, Unamuno rehusa “los deshonrosos honores de una amnistía donde no hay delito”, según recoge la obra del matrimonio de hispanistas franceses.

Temiendo que se les aplique la “ley de fugas” si regresan a la península, Unamuno y Soriano abordarán un velero fletado por el director del periódico Le Quotidien el 8 de julio de 1924 para exiliarse voluntariamente en Francia. El intelectual por excelencia permanecerá primero en París y luego en Hendaya, desde donde regresará finalmente a España en febrero de 1930, sin haber aceptado amnistía alguna del régimen dictatorial, que terminará desmoronándose ese mismo año.