Opinión | Políticas de Babel

Biden corrige su deriva migratoria

LA ADMINISTRACIÓN BIDEN-HARRIS se ha evidenciado incapaz de gestionar una presión migratoria que en Estados Unidos adquiere estos meses una relevancia política especial y un debate popular que irá en aumento a medida que nos acerquemos a las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. Este mes de junio está resultando especialmente agitado en este aspecto. Los números oficiales de inmigrantes y de solicitantes de asilo, junto con las estadísticas de detenciones, expulsiones y repatriaciones se han colado en campaña, abriendo nuevos frentes de discusión. La baja popularidad de Biden, incluso en los sectores demócratas más escorados a la izquierda, tiene desquiciado al octogenario Presidente, quien busca acciones y manifiesta reacciones a veces desesperadas a fin de tratar de contentar, sin éxito, a unos y a otros.

Así, el pasado 4 de junio Biden agitó el tablero político y legislativo firmando una orden ejecutiva a través de la cual La Casa Blanca abría la posibilidad de cerrar literalmente la frontera con México durante períodos de 14 días siempre que se constatase un incremento desmedido de cruces fronterizos irregulares. Esta medida llevaba asociada iniciativas destinadas a acelerar las expulsiones y limitar las entradas al país a 2.500 personas al día. El objetivo era frenar a los solicitantes de asilo “ilegales” a través de la frontera sur. Y es que el departamento de Seguridad Nacional (DHS) reconoce que está ejecutando “más vuelos de repatriación por semana que nunca antes”; y que sólo “en el año transcurrido ha expulsado o retornado a más de 750.000 personas, más que en cualquier otro año fiscal desde 2010”. Esta decisión del Despacho Oval generó reacciones dispares, y enseguida surgieron voces como las de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que ponían el foco en la indefensión y la desprotección en la que se podían quedar un buen número de migrantes.

De ahí que en una detallada “Nota informativa” el departamento de Estado matizase que la orden no repercutiría ni en menores no acompañados ni en migrantes enfermos ni en quienes hubiesen sufrido tortura o persecución. Tampoco tendrá efectos retroactivos sobre aquellos que hayan registrado la solicitud de asilo con antelación a la nueva orden ejecutiva. Pero como las críticas han continuado, ahora ha decidido dar un paso más para tratar de apaciguar una marea adversa con la que no contaba. Con ello Biden pretende dar sentido a aquella promesa electoral de “humanizar el fenómeno migratorio” que le otorgó el mando presidencial hace tres años y medio. El nuevo programa, diseñado en torno al concepto de defensa de las familias, pretende evitar la deportación de aquellos inmigrantes indocumentados que hayan contraído matrimonio con ciudadanos estadounidenses.

Esta medida les permitirá obtener la nacionalización (“naturalización”), así como el reconocimiento legal de los puestos laborales que actualmente ocupan. La Administración Biden trata así de corregir su política de mano dura, y proporcionar una salida al medio millón de personas que se verán beneficiadas con la nueva providencia. Inmigrantes que llevan asentados en EE.UU. más de diez años, y carecen de antecedentes penales, ahora podrán optar a un permiso oficial de trabajo previo a la obtención de la ciudadanía. Con ello el Presidente ha pasado de contentar a Estados y ciudades demócratas sobrecargadas por la inmigración, y a votantes nacionalizados, centristas e independientes (que proponen una mayor firmeza en las fronteras), a congraciarse también con una comunidad hispana cuyos votos resultarán decisivos de aquí a noviembre.