«Antes la muerte que la fuente»

Tras demandar al periodista Xabier Fortes de RTVE y a los colaboradores de su programa Enric Juliana, Luis Arroyo y Pablo Simón por llamarle “defraudador confeso” el empresario González Amador, pareja de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, ha pedido que el Tribunal Supremo intervenga las comunicaciones del director y otros tres periodistas de El Diario, uno de El Plural y otro de la Cadena Ser en el caso que se sigue al fiscal general del Estado por presunta filtración de un fraude tributario. Por esta misma causa, el alto tribunal ya había citado a Rodríguez Bajón, jefe de gabinete de Ayuso, junto a ocho periodistas el próximo 8 de enero.

La Federación de Asociaciones de Periodistas y otras organizaciones españolas creen que la solicitud de González Amador pone en cuestión el secreto profesional recogido en el artículo 20 de la Constitución de 1978. Para que este principio viese la luz hace cerca de medio siglo, el periodista Ernesto García Herrera, quien trabajó entre otros medios para las agencias France Press y Efe, fue procesado por el Tribunal de Orden Público franquista en febrero de 1975. El fiscal del TOP le acusó de apología de “asociación ilícita” y “desobediencia” al negarse a desvelar los datos de una rueda de prensa clandestina de la Junta Democrática. Aquella fue la primera vez que un profesional de la información español defendió el principio periodístico sintetizado en la frase “antes la muerte que la fuente”.

Un año después, el Juzgado Militar Permanente nº 5 de Madrid llamaba a declarar en enero de 1976 al periodista Rodrigo Vázquez de Prada por un suelto aparecido en Nuevo Diario. Texto sucinto que daba cuenta de una conferencia de prensa en la que tres componentes de la Unión Militar Democrática dieron lectura a un comunicado pidiendo “una amnistía general para los presos, funcionarios expedientados y exiliados políticos”. Prada fue procesado tras proteger a sus fuentes informativas durante tres horas de declaración, por “denegación de auxilio a la justicia”, delito cuya pena inferior a los 6 años de prisión le permitió salir en “libertad provisional”.

Los procesamientos de Herrera y Prada movilizaron a la profesión periodística al inicio de febrero de 1976. Numerosos informadores se manifestaron a su favor en plena Gran Vía madrileña, protesta que fue reprimida policialmente siendo Vázquez de Prada detenido después durante ocho horas. La asamblea posterior en el Palacio de la Prensa concluyó con un escrito firmado por sus 150 asistentes según el cual “el reconocimiento del secreto profesional del periodista en el ejercicio de sus funciones constituye un requisito imprescindible para la existencia de una auténtica libertad de expresión”.

La citada asamblea se hizo luego permanente y terminó llamando a la huelga el 14 de febrero de 1976, apoyando el paro 207 asistentes frente a 179 contrarios. El paro fue prohibido oficialmente pero más de trescientos profesionales permanecieron de brazos caídos, aunque eso no impidió que los periódicos salieron a la calle según recoge Víctor Olmos en el volumen de La Casa de los Periodistas dedicado a la historia de la APM entre 1951 y 1978.

Desde entonces se han repetido en España los intentos de arrumbar un precepto constitucional innovador, conseguido gracias a aquellos pioneros un bienio más tarde. En todos los países democráticos, el derecho de la sociedad a estar informada pasa porque los periodistas puedan proteger a sus fuentes. Si Bob Woodward y Carl Berstein hubiesen revelado quién era la “garganta profunda” del escándalo de Watergate, el Washington Post habría perdido toda posibilidad de aportar nuevas “exclusivas”. Y nos quedaríamos sin saber por ejemplo que Trump le envió pruebas de covid a Putin para su uso personal, como acaba de revelar Woordward en su libro War.