Sobre últimas actuaciones de jueces y fiscales

Hace unos meses los jueces y fiscales hicieron una huelga para protestar por el proyecto de ley que prepara el gobierno. Según la mayoría de las asociaciones, entre ellas la mayoritaria asociación profesional de la magistratura, la huelga fue seguida por la mayoría de jueces y fiscales, el 75% . Sin embargo, a la hora de comunicar quienes habían hecho huelga para consecuentemente deducir el correspondiente descuento, resulta que solamente un juez y veintinueve fiscales dijeron que habían hecho huelga. De lo cual se deduce que o bien la mayor parte de jueces y fiscales de este país o son unos peseteros y se esconden para que no se deduzcan sus emolumentos o son unos mentirosos y realmente no hicieron huelga a pesar de afirmarlo.

Otra actuación de los jueces que ha pasado casi inadvertida es la puesta en libertad del peligroso narcotraficante Firass Taghi perteneciente a la Mocro Mafia, detenido por la policía el pasado agosto en Tarifa y solicitada su extradición por las autoridades holandesas. La policía traslado toda la documentación oportuna al juzgado correspondiente, pero la Audiencia Nacional le ha puesto en libertad por un lamentable error. No es la primera vez que ocurren estos «lamentables errores». En 2024 la policía detuvo en Marbella al jefe de los capos Karim Bouyakharichan, siendo solicitada su extradición por las autoridades holandesas. La importancia de su detención tuvo una gran repercusión mediática en Holanda, dado que la citada mafia había amenazado a políticos, empresarios e incluso a la familia real. Al cabo de mes y medio la Audiencia Provincial de Málaga ordenó su puesta en libertad con medidas cautelares que obviamente el capo no cumplió y desapareció. En Holanda el escándalo fue mayúsculo y con ello el desprestigio de la justicia española. El Consejo del Poder Judicial debería urgentemente dar explicaciones de estos «lamentables errores» y exigir responsabilidades, pero mucho nos tenemos que seguirá actuando de manera corporativa defendiendo lo indefendible.

Una actuación destacada ha sido la de un juez de Tarragona que ha imputado al exministro Montoro y a varios de sus colaboradores por indiciaramente cobrar para hacer leyes fiscales a medida. Es curioso que haya tenido que ser un juez de fuera de Madrid quien con un trabajo sin ruido haya destapado el caso. Los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional no fueron capaces de detectarlo e incluso alguno dijo que no había indicios suficientes para investigar. Son ojos que no ven y oídos que no oyen. Montoro y los demás imputados ya han pedido que la causa pase a la Audiencia Nacional en Madrid. A todo esto hay que sumar las actuaciones del juez Peinado y del juez Hurtado que tampoco añaden credibilidad a la justicia.

No es extraño que, de acuerdo con las encuestas, los españoles no confíen en la justicia. También los agentes económicos ven a la justicia española como uno de los lastres de la actividad económica.