Brasil: del narco a la COP30

Comienza en la ciudad brasileña de Belém la COP30. La Cumbre previa del Clima dio el pistoletazo de salida. Ahora, durante la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), que se extenderá hasta el 21 de noviembre, se debatirán los mecanismos financieros para facilitar la transición energética en los países en desarrollo; las herramientas de justicia climática para integrar los derechos de los pueblos indígenas; las fórmulas para reducir la presencia de combustibles fósiles; y, este año especialmente, las acciones para detener la deforestación y restaurar los ecosistemas degradados. Enfatizo este punto porque el hecho de que Brasil acoja la 30ª edición de la COP en plena Amazonia señala la relevancia de proteger los bosques tropicales. Además, se espera alcanzar compromisos para reducir las emisiones, y hasta campañas destinadas a contrarrestar la “negación” científica y económica del cambio climático.

Sin embargo, la proyección de Brasil como país anfitrión en la lucha climática se ha visto ensombrecida por la denominada “operación Contención”; una misión llevada a cabo este 28 de octubre por el Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) para combatir el narcotráfico, el tráfico de armas, y la delincuencia vinculada al grupo criminal Comando Vermelho (CV) en el corazón de las favelas de Río de Janeiro. Esta operación constituye el mejor ejemplo del desajuste entre Gobierno y criminalidad en la República Federativa de Brasil. Y es que su impacto en las comunidades del Complexo da Penha y del Complexo do Alemão ha sido brutal. Esto es debido a los entre 121 y 132 fallecidos, incluidos 4 policías (además de más de un ciento de detenidos), que tuvo como resultado la operación en el entorno de la boscosa Serra da Misericórdia, vía de abrigo y fuga del CV. Aun así, el proceso de identificación de los cadáveres todavía no ha terminado; y es mucho lo que queda por investigar de esta compleja y letal operación, tanto en términos legales, como en lo relativo a la preservación de los escenarios donde se produjeron los tiroteos y esas ejecuciones que denuncian organismos incluso internacionales.

El impacto sobre las favelas afectadas ha sido inmediato. La presencia de 2.500 agentes, 32 vehículos de asalto, y drones de vigilancia, junto con los múltiples tiroteos y hasta las barricadas de fuego y humo, incluso motivó que se tuvieran que suspender las clases en centros educativos y universidades. Los cierres de calles, y los precintos de seguridad, repercutieron en los servicios sanitarios, en el trasporte, en la movilidad, y hasta en la actividad económica local, que quedó paralizada. Ni las ambulancias ni los bomberos podían acceder al epicentro de la batalla entre la policía y los narcos, lo que provocó que fuesen los propios vecinos de las áreas afectadas los que tuviesen que trasladar los cuerpos hasta la plaza São Lucas, rompiendo así el trabajo sobre el terreno de sanitarios, peritos, forenses, y policía judicial y científica.

Aun así, y pese al impacto de esta operación sobre las comunidades afectadas y sobre el resto de la República, sorprende comprobar cómo, según varias encuestas recientes, el 55% de los brasileños, y en torno al 62% de los habitantes de Río de Janeiro, aplauden la operación policial. Está claro que las elecciones generales (y presidenciales) a celebrar el próximo año están provocando acciones y decisiones más destinadas a atraer al electorado del país, que a respetar esos derechos que están siendo violados una y otra vez en nuestro querido Brasil.