Santiago y la seguridad

Se define como noticia un hecho relevante y novedoso. Por ejemplo, la condena al fiscal general del Estado por hacer públicos datos reservados. Nunca había sucedido tal cosa. Condenado quien tiene la misión de velar por el cumplimiento de la legalidad. El ruido que se produjo a su alrededor, a favor y en contra, agrandan la magnitud del caso y, como daño colateral, provoca entre la ciudadanía una sensación de incertidumbre que desemboca en inseguridad. Son también noticia, pero de menor recorrido por más frecuentes, los casos de corrupción que en estos momentos -Madrid, Barcelona, Almería,…- también abonan el clima de desasosiego y la sensación de vulnerabilidad generalizada en la sociedad.

Como digo, pongo esto casos como ejemplo porque prefiero centrarme en otras situaciones más próximas en la distancia y los sentimientos. Me referiré al universo compostelano. Más que en otoño pareciera que la capital de Galicia estuviera en florida primavera informativa relacionada con la inseguridad, donde destacan más las noticias de okupas desalojados y narcopisos desmantelados -ambas situaciones muchas veces se complementan- por ser más novedosos y relevantes, que las propias ocupaciones y sus actividades delictivas. Desde los poderes encargados de velar por la seguridad se sostiene que Santiago es lugar seguro, lo cual si a estadísticas nos atenemos no deja de ser cierto. Pero también lo es que la delincuencia crece y la preocupación ciudadana lo hace en mayor proporción.

Mientras la inseguridad aumenta se da la paradoja de un deterioro en los servicios encargados de combatirla, con especial referencia a la Policía Municipal y Bomberos. En ambos casos por escasez de recursos humanos y una deficiente gestión basada la realización de horas extras, que por encima desde tiempo inmemorial se les adeudan. A ello hay que sumar una insuficiente dotación, al menos en efectivos, de la Policía Nacional para provocar la tormenta perfecta que un día sí y otro también deja a los compostelanos indefensos ante cualquier incidencia. Y menos mal que están los GES de Brión y Padrón prestos a socorrernos.

Casa mal con la recaudación fiscal histórica de la que se presume junto a la ingente llegada de fondos europeos de los últimos años con que estos servicios esenciales no puedan prestarse con normalidad, precisamente por falta de medios humanos y dinero para compensar en tiempo y forma lo que se adeuda a quienes trabajaron más de lo que debieran. Muchos ciudadanos se preguntarán a donde van nuestros impuestos. Nunca tanto recaudó el Estado, pero parece que no lo suficiente como para atender las prioridades. Una de las mayores preocupaciones de los españoles -lo dice hasta el CIS de Tezanos- es la inseguridad. O sea, el miedo.

Y miedo fue lo que sintió el personal de la sede del PP de Santiago el pasado martes, día mundial de la no violencia contra la mujer, cuando sus trabajadoras fueron verbalmente agredidas por miembros de la CIG en un escrache ante el local, que hubo de proteger la policía. Esto también es violencia de género. El derecho a manifestarse es incuestionable, pero nunca en forma de agresión física o moral contra las personas. Vale tanto en Santiago como en Madrid, donde el PSOE también sufrió incidentes similares.

La polarización repercute negativamente en la seguridad. La imposibilidad de gobiernos de consenso resta efectividad a la acción de gobierno. Y más cuando están en minoría, más preocupados y ocupados en apañar votos que de la gestión. De ahí la cantinela del diálogo, diálogo, diálogo, como si este fuera un fin en si mismo. La reiterada ausencia de presupuestos estatales impide planificar actuaciones a medio y largo plazo, incluidas las del ámbito de la seguridad. Las discrepancias internas entre los grupos que apoyan al Gobierno impiden legislar en materias troncales. Una minoría gubernamental en Raxoi ralentiza el desarrollo de la ciudad. La solución no es Santiago y cierra España. El cierre del túnel de la Galuresa apunta en ese sentido.