La UE endurece su política migratoria

Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, afirma que “realmente, vamos a cambiar la política migratoria”. Efectivamente, la UE se blinda frente a unos flujos migratorios que han hecho que muchos Gobiernos hayan endurecido sus políticas de asilo. Ahora son el Consejo Europeo de Justicia e Interior celebrado en Bruselas, y la Comisión Europea, quienes, a pocos meses de implementarse el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (previsto para junio de 2026), abren la posibilidad de que los Estados establezcan centros de deportación en países ajenos al bloque de los Veintisiete. Los nuevos centros de retorno (‘return hubs’) podrán acoger a los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada en territorio de la Unión. Desde esos centros externos es desde donde se llevaría a cabo su proceso de retorno definitivo.

Esta propuesta, que todavía deberá superar el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, no tiene carácter obligatorio; es decir, los países tendrán la última palabra a la hora de ejecutar la propuesta; pero sí sienta la base legal sobre la que se abre la posibilidad de que sean los propios Veintisiete los que firmen acuerdos bilaterales con terceros países dispuestos a acoger a los migrantes a cambio de estímulos económicos, e incluso, quizá, de fondos europeos.

Esta nueva estrategia busca, por un lado, homogeneizar los procedimientos de expulsión. Por otro, evitar que los migrantes rechazados en un país puedan trasladarse a otro menos restrictivo e iniciar allí una nueva solicitud de asilo. Además, la CE trata también de agilizar un sistema de retornos que no estaba resultando eficaz, dado que sólo una de cada cinco personas obligadas a abandonar la UE lo estaba haciendo de manera efectiva. A mayores, esta nueva política migratoria constituye una fórmula de disuasión frente a la inmigración irregular. Finalmente, es innegable que este giro pretende frenar también el auge de discursos políticos restrictivos hacia la inmigración que estaban aupando el músculo de partidos políticos de corte extremista en toda Europa; formaciones que aprovechaban incluso las advertencias de Donald Trump sobre el supuesto descontrol europeo para crecer en las urnas.

Sin embargo, esta “externalización” del control migratorio, y “aceleración” del retorno, se topan con recelos por parte de Gobiernos como el francés, el portugués o el español (que, sin embargo, exige más “reubicaciones”); y con críticas severas de organismos especializados en derechos humanos. Se alerta sobre el trato indigno que pueden sufrir los migrantes, y las dificultades para redefinir la lista de “países seguros”. Recordemos que, además de Bangladesh, Colombia, India o Kosovo, se están barajando más contextos en los Balcanes Occidentales (como Bosnia y Herzegovina, Montenegro, o Albania como posibilidad – esta última ya tiene un convenio con Italia). Pero también regiones de África (como Túnez, Marruecos, o Egipto – por cierto, Países Bajos ya tiene un preacuerdo con Uganda); áreas del entorno del Sahel (como Mauritania, Senegal, etc.); y países del Cáucaso (como Georgia o Armenia). Pues bien, se denuncia la complejidad para certificar que las condiciones de detención y custodia de dichas personas en estos contextos geográficos sean compatibles con el Derecho internacional y los preceptos legales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales y en los propios Convenios de Ginebra. Y es que el concepto de “deportación” parece imponerse al de “protección” en una medida que incluso parece tener un fuerte componente “punitivo”.