Presuntos indecentes

La Ley 2/2023 establece la creación de un sistema interno de información en diversos organismos públicos y privados, entre los que se encuentran los partidos políticos, medio a través del cual se pueden denunciar infracciones, de forma anónima si se prefiere. La norma española es consecuencia de una Directiva europea cuya finalidad es proteger a las personas que en un contexto laboral o profesional detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves y puedan comunicarlas a órganos específicos sin temor a represalias. Su filosofía es, digamos, luchar contrala corrupción en un sentido amplio y a favor de la transparencia.

Hace medio año el PSOE creó, tras al caso Salazar e inspirándose en esta ley, un canal interno para denunciar casos de acoso sexual dentro del partido. Y este medio fue utilizado por varias mujeres con denuncias que están provocando un seísmo de alta intensidad, con especial incidencia en Galicia, en un momento en que el partido no vive horas felices en los ámbitos español y gallego. El PSdeG resiste en alguna de las grandes ciudades, pero los escándalos podrían pasarle factura en año y medio.

Se dice que el infierno está lleno de buenas intenciones y debe ser cierto si nos atenemos a los últimos acontecimientos. Es pronto para extraer resultados sobre la eficacia del canal de denuncias. No sabemos todavía si las presuntas víctimas de acoso obtendrán la reparación que demandan o si sucederá como con la ley del sólo sí es sí, donde la mejoría no se percibe salvo para los delincuentes. El número de agresiones sexuales no para de crecer. No vaya a ser que ahora también la Justicia, la de verdad, devuelva la inocencia a los señalados como culpables por esta especie de opacos tribunales de honor de modos y formas inquisitoriales.

Las prisas o reaccionar en caliente traen malas consecuencias. El PSOE deberá mejorar el funcionamiento de ese órgano pretenciosamente creado para combatir el acoso, con efectos inmediatos basados en la presunción de indecencia, sin opción a la defensa. Es probable que las denuncias sean ciertas en su inmensa mayoría, pero como haya alguna falsa o se aprovechen para dirimir cuitas políticas internas, flaco favor se hará a las víctimas y a la causa feminista.

Dado que la mayoría de los casos de acoso están tipificados como delito en el Código Penal lo natural sería trasladar las denuncias a la Fiscalía. Es fácil entender que las afectadas sean reacias a hacerlo para evitar la exposición pública, pero sobre todo si se trata de casos graves no pueden quedar penalmente impunes. El Estado tiene la obligación de actuar. Resulta contradictorio que el PSOE tome decisiones drásticas, que no sólo obligan a cesar en cargos relevantes sino que manchan la reputación, honor y fama de una persona y rechace poner los hechos en manos de la Justicia.

La otra vertiente de este repugnante asunto es el político. Entra dentro de lo habitual que la oposición lo utilice; que descoloque a sus socios del BNG, pero las mayores repercusiones se dan en el seno del propio partido. A río revuelto ganancia de pescadores, Y el pez principal es Besteiro. Unas confusas declaraciones en la mañana del primer día, matizadas por la tarde, sirvieron de munición para que sus amigos (de mis enemigos me cuido yo) dispararan la escopeta con declaraciones y munición abajofirmante tras colocarle en el centro de la diana.

El PSdeG vuelve a las andadas. Tampoco sorprende. La historia es terca. La situación actual y perspectivas de los socialistas no favorecen a la actual dirección. Se teme que influya en el ámbito local, aunque el comportamiento electoral en Galicia se adapta perfectamente a las características de cada proceso, con prevalencia del candidato sobre el partido. Parece que la tapada en el contubernio es la alcaldesa de A Coruña, con notable grado de simpatía en su ciudad, aunque menor que el de Caballero en la suya. Ojo al dato: Caballero no firmó ningún papel.

Atentos, pues, a lo que salga de la Executiva del lunes, 22-D. ¿Tocará la lotería?