Bueno, vale

Oye, quizá no sea tan mala idea como parece que la iglesia católica entre en política, -si es que alguna vez estuvo fuera de ella, que esa es otra. Pero con una condición que está implícita en la democracia: ella podrá decir sobre los demás lo que quiera y los demás de ella lo que les venga en gana, con respeto mutuo y sin exclusividades reservadas.

Así, por ejemplo, podríamos empezar por poner sobre la mesa la improcedencia de que en la Constitución (art. 16.3), se establezca que “se mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”, dándole un trato diferenciado a ella, nombrándola con singularidad, y la generalidad sin señas identitarias a “las demás”. Podríamos discutir si es un asunto que merezca una reforma constitucional para que se nombre a todas o a ninguna.

Esa es la primera cosa. La segunda podría tratar sobre la conveniencia de que las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Español estén reguladas en un llamado “concordato”, que en su correcta definición es un tratado internacional, entre España y el “Estado” Vaticano. ¿Con que “Estados” se podría establecer la misma formalidad si nos refiriésemos a cualquier otra confesión religiosa?

A continuación, podría ser oportuno entrar en asuntos más terrenales. Uno: ¿Cuál es la dimensión de la propiedad inmobiliaria de la Iglesia Católica en España? ¿Está sometida al mismo régimen fiscal que la de cualesquier otro ciudadano o institución? ¿Hay alguien a quien se le pueda reconocer, como se hace con la Iglesia Católica, el derecho de inmatriculación de bienes terrenales?

Dos: ¿sigue siendo justificable que una buena parte de los ingresos de la Iglesia Católica en España sea tramitada -declaración de la renta- por vías fiscales y administrativas públicas de carácter general?

Hay más cosas, eh, muchas más, pero podemos empezar por estas. Ya veréis como para empezar es bastante. El caso es ir abriendo camino.