Complejidad en Gibraltar

Ya se puede consultar, por fin, el texto definitivo del tratado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) por un lado, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Norte, por el otro. Euratom aparece porque, aun constituida bajo un tratado diferente de 1958, Reino Unido también la abandonó con el Brexit. Lo cierto es que el texto del acuerdo ya se puede consultar con todo detalle, puesto que aparece publicado en abierto y para información pública en las sedes de diversas instituciones europeas, incluida la página web del ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España. Entre las decisiones y propuestas del Consejo, el memorándum explicativo, el contexto del acuerdo, la base legal del mismo, el prefacio, las siete partes, los 336 artículos, y los 43 anexos (con sus decenas de apéndices, documentos y articulados respectivos), hablamos de un documento de 1.034 páginas que destaca por su complejidad y, todo hay que decirlo, por su embrollo.

Aparenta explicar bien lo que expone. Aunque evita detallar lo que no dice o no termina de señalar. Aun así, pensar que estamos ante un texto de semejantes dimensiones (la Constitución Española apenas abarca 39 páginas, y la de EE.UU. sólo tiene 7 artículos y 27 enmiendas), ya demuestra que estamos ante un acuerdo arduo de interpretar, muy complejo de asimilar, y más que difícil de aplicar. Con todo, más grave me parece que, habiendo obtenido ya el visto bueno de Gibraltar, y pendiente todavía de la aprobación del Parlamento británico, y del propio Parlamento Europeo, para que el Consejo de la UE ratifique su firma y aplicación, en España las Cortes Generales no hayan tenido el acceso debido y previo al mismo. Aquí no hubo debate. Ni siquiera el Congreso y el Senado fueron consultados. Nada. Y eso demuestra el papel secundario que ha asumido nuestro Ejecutivo central. Es cierto que la negociación y firma del tratado han de realizarse a nivel de la UE como bloque; pero de ahí a ningunear al país implicado, hay un gran trecho.

Las virtudes del acuerdo ya se encarga el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el ministro Albares de resaltarlas. Pero son varias las dudas que persisten. Entre otras, que no se cuestione un aeropuerto que fue construido sobre un terreno que no contemplaba el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713. Tampoco sabemos si el asedio de la policía gibraltareña y la Royal Navy a nuestros barcos en aguas próximas al Peñón dejará de producirse. No conocemos el impacto sobre el aumento del precio de la vivienda en nuestro Campo de Gibraltar. Ni cómo nuestros trabajadores se beneficiarán de los servicios sociales, educativos y médicos dentro de la Roca. Tampoco si nuestros títulos y estudios serán homologados allí sin burocracia.

Asimismo, asusta pensar que la eliminación de la Verja y de los lindes fronterizos pueda favorecer el contrabando ilegal de mercancías. Desconocemos si el Peñón dejará de ser un paraíso fiscal (por mucho que ahora se prometa una mayor fiscalización e impuestos semejantes al IVA español, por ejemplo). El contrabando de tabaco parece que se vigilará; pero la gasolina y los perfumes, entre otros productos, habrán de ser controlados también. En términos medioambientales, poco se dice de los vertidos de aguas residuales a la Bahía de Algeciras; o de los rellenos y ampliaciones de tierra sobre el mar; o de proyectos como el Eastside; o del suministro de fuel flotante (100.000 barcos surcan cada año el Estrecho), etc. Lo que sí sabemos es que la soberanía británica sobre el istmo queda salvaguardada. Una pena.