El Derecho Internacional de Sánchez

Tarde y mal llegará Pedro Sánchez al Congreso para, según el Ejecutivo, explicar, pero no votar, ni su ofensa inicial a Trump (ahora recula y manifiesta su “enorme respeto a la presidencia de EE.UU.”), ni su “actuación de emergencia” con la fragata Cristóbal Colón para ofrecer “protección y defensa”. Se salta, así, la Ley de la Defensa Nacional de 2005, impulsada por Zapatero, precisamente, para corregir la decisión unipersonal de “apoyo humanitario” de Aznar en la guerra contra Irak. La Ley, sin embargo, en su artículo 4 señala que es a las Cortes Generales a las que corresponde “controlar la acción del Gobierno en materia de defensa” (art. 4.1.d), y al Congreso de los Diputados “autorizar, con carácter previo, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional” (art. 4.2). Sin embargo, no acata la norma Sánchez, ni tampoco el artículo 63.3 de la Constitución Española, que dicta que “al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz”.

Pedro Sánchez no acudió ni al Rey ni a las Cortes Generales ni al principal partido de la oposición, olvidando que España es una democracia ‘parlamentaria’, y no ‘presidencialista’. Pero Irán ya ha avisado que puede alcanzar el espacio europeo con sus misiles balísticos y sus drones, como hemos visto indirectamente en Chipre (miembro de la UE), y en Turquía (miembro de la OTAN); y está atacando a países del Golfo Pérsico no beligerantes y socios de España. Sánchez tardó en aceptarlo, pero por fin reconoció la necesaria solidaridad entre aliados; y quizá también la cláusula 42.7 de defensa mutua de los Tratados de la UE, y el artículo V del Tratado de la Alianza Atlántica, que podrían invocarse en cualquier momento.

También debe recordar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Porque, quizá obsesionado con los artículos 2.4 y 51 de la Carta de Naciones Unidas, y con la inexistencia de autorización para atacar por parte de un Consejo de Seguridad que, sin duda, vetarían Rusia y China, olvida que el capítulo VII sí permite intervenir si se dan agresiones o amenazas para la paz. Asimismo, debe repasar sus capítulos VI y VIII, y la Resolución A/RES/60/1 de la ONU de 2005 (y sus ampliaciones frente a crímenes atroces, y en favor de la prevención, de 2016), que señala en sus artículos 138, 139 y 143, la “Responsabilidad de proteger” a las poblaciones frente a crímenes de lesa humanidad, y el derecho de las personas a “vivir en libertad” y “libres del temor”; sobre todo, bajo una Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que ha sido catalogada por la UE y EE.UU. como organización terrorista, y está vinculada a las mafias internacionales y el crimen organizado.

Antes de prohibir el uso de las bases de Rota y Morón; o de no colaborar con esas “capacidades militares robustas” que diseñan, en paralelo a la OTAN, Reino Unido, Francia, Alemania y demás socios europeos, Sánchez debería plantearse lo siguiente: ¿Quién nos va a proteger si recibimos una oleada migratoria? ¿Quién si Marruecos asume la soberanía sobre Ceuta, Melilla o la medianera divisoria con Canarias? ¿Quién va a proteger nuestros barcos en el estrecho de Ormuz o en el de Bad el-Mandeb? Su actitud nos convierte en diana fácil para el terrorismo (la secretaría de Estado de Seguridad ya ha reforzado el nivel 4 de alerta antiterrorista), pues imagino que la CIA, el Mossad, el MI6, el BND alemán, o el DGSE francés ya habrán perdido buena parte de su confianza en nosotros. Y el riesgo sigue ahí, como advierte Europol.