Cuando lo público deja de ser de todos

El espacio público, por definición, debería ser el lugar donde una sociedad se reconoce en su pluralidad. Calles, plazas, instituciones y símbolos compartidos no pertenecen a una ideología concreta, sino al conjunto de la ciudadanía, con sus matices, discrepancias y acuerdos provisionales. Sin embargo, en los últimos años se percibe una creciente tentación, en ciertos sectores de la izquierda, de ocupar ese espacio común con una visión ideológica excluyente, como si lo público fuese un terreno a conquistar en lugar de un ámbito a cuidar.

Esa colonización ideológica del espacio público, a menudo se traduce en la imposición de determinados lenguajes, marcos culturales o prioridades políticas como si fuesen los únicos legítimos. Esto, lejos de fortalecer la cohesión social, fomenta la polarización. En vez de ampliar el espacio de deliberación, lo reduce. Y, sobre todo, erosiona la confianza en las instituciones, que dejan de percibirse como neutrales para convertirse en instrumentos al servicio de visiones excluyentes del mundo.

La filósofa Hannah Arendt advirtió con lucidez que «el espacio público es el lugar donde la libertad puede aparecer». Pero esa aparición de la libertad exige condiciones: respeto a la pluralidad, reconocimiento del otro y renuncia a la tentación de imponer una verdad única. Cuando el espacio público se convierte en un escenario de catequización ideológica, la libertad lejos de aparecer se diluye.

Un buen ejemplo de esto se está dando en nuestra ciudad, donde vemos como el gobierno nacionalista de la Sra. Sanmartín, está convirtiendo espacios emblemáticos como la Alameda o el Casco Histórico en soporte habitual de mensajes políticos reivindicativos. Buscan convertir Santiago en trinchera ideológica y altavoz de consignas tópicas que, en la inmensa mayoría de los casos, nada tienen que ver con la realidad municipal.

Detrás de esta actitud se encuentra un elemento más de la presunta superioridad moral de estos grupos, para los que el espacio común deja de ser un lugar donde contrastar ideas para convertirse en un terreno donde sólo es éticamente aceptable la promoción de sus ideas.

Por otro lado, esta tendencia revela una preocupante confusión entre mayoría institucional y propiedad moral del espacio público. Gobernar otorga la capacidad de gestionar lo común, pero no el derecho a redefinirlo en términos excluyentes. Cuando desde las instituciones se impulsa una visión única de lo que debe ser la cultura cívica, se corre el riesgo de desdibujar y achicar la frontera entre lo público y lo partidista.

El reto, no es expulsar a ninguna ideología del espacio público, sino evitar que una sola pretenda monopolizarlo. La democracia no consiste en sustituir una hegemonía por otra, sino en garantizar que ninguna hegemonía sea absoluta. Eso implica aceptar la incomodidad del desacuerdo, reconocer la legitimidad del adversario y asumir que lo público es, por naturaleza, imperfecto y disputado.

En tiempos de creciente polarización, defender el espacio público como lugar de encuentro es, en sí mismo, un acto profundamente político. Pero no en el sentido partidista del término, sino en su acepción más noble, la que entiende la política como el arte de vivir juntos. Porque, al final, una sociedad no se mide solo por las ideas que defiende, sino por la manera en que permite que convivan.