Opinión | Políticas de Babel
El sufrido estrecho de Ormuz
Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, así como el alto el fuego de diez días pactado por Israel y el Líbano, han facilitado la reapertura limitada del estrecho de Ormuz; para cuyo desbloqueo total y futuro están buscando una tercera vía Francia, Reino Unido y otros países. Donald Trump decidió bloquear los barcos, sobre todo petroleros (no así los que lleven medicinas o ayuda humanitaria), que entren o salgan por el estrecho de Ormuz, con Irán como destino u origen. Eso le forzaba a tener una presencia mucho más activa en el Golfo de Omán, y a arriesgarse a que su Armada fuese atacada como blanco fácil por los misiles, los drones y las lanchas rápidas persas, sobre todo si no está en constante travesía o modo de navegación. Respondió así al cierre previo decretado por Teherán, que sólo estaba permitiendo el paso a barcos de países afines, o que estuviesen dispuestos a pagar un peaje en yuanes o criptomonedas estables que podría llegar a los dos millones de dólares al cambio.
Esto es ilegal para la Comunidad Internacional; pues 171 naciones, así como la UE, ratificaron un tratado en vigor desde 1994, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que prohíbe interferir en la libre navegación por vías marítimas naturales como el estrecho de Ormuz (que no son el resultado de una obra o infraestructura artificial como otros canales), y que se asienta en el concepto de ‘Mare Liberum’, base del Derecho internacional ya desde finales del siglo XVI y principios del XVII. Pero es que algunos países, como EE.UU. o Irán, no llegaron a ratificar la ley, por lo que se creen en el derecho de establecer sus propias normas. Con todo, EE.UU. lleva garantizando desde 1945 la denominada “libertad de navegación” (‘Freedom of Navigation’); un principio de seguridad avalado por los organismos del comercio internacional. Por otro lado, la Organización Marítima Internacional (OMI) nos recuerda que existe desde 1968 un sistema de paso específico para Ormuz, con el que se comprometieron ya entonces tanto Irán como Omán.
Lo cierto es que Trump podría haber apostado por otras opciones menos arriesgadas y que encajarían más en el Derecho Internacional consuetudinario, como ir incautando buques que naveguen sin bandera, con pabellón falso, o identidad y datos alterados (‘spoofing’); con posible riesgo ecológico por sus deficiencias, antigüedad o carencias técnicas; que aparenten suplantar a un “barco zombi” inactivo, desguazado, hundido o dado de baja (‘zombie vessel’); o con sus transpondedores (‘transmitter-responder’) y demás sistemas de posicionamiento por satélite apagados; es decir, el conglomerado de navíos que denominamos “flota fantasma”, con la que Teherán pretende sortear las sanciones al régimen de los ayatolás. Hablamos de unos 200 millones de barriles en barcos varados, pendientes de poder descargar sus tanques.
Eso ya provocaría que los petroleros, metaneros y cargueros vinculados a los puertos iranís se lo pensasen dos veces antes de zarpar. Irán perdería igualmente los beneficios económicos de esas exportaciones. EE.UU. se quedaría con la carga incautada. China y otros países asiáticos dependientes del petróleo y del gas persa presionarían a Irán para que volviese a la mesa de negociación y abriese definitivamente el estrecho de Ormuz. Y Francia, Reino Unido y otras 47 naciones aliadas quizá se animarían a dejar preparado para el futuro su plan militar defensivo para escoltar a navíos en el Golfo Pérsico. Ojalá se alcance un desbloqueo definitivo, y su cierre no siente un precedente; pues el 90% del comercio mundial se realiza por mar.
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